Cuando Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia de México dentro de tres meses y medio tendrá que abordar dos asuntos inmediatos en su agenda:
El primero es ¿cómo diluir la sombra de ilegitimidad que ha construido la oposición sobre su triunfo electoral y cómo reducir el costo político de cara a las necesarias alianzas en el Congreso para sacar adelante las reformas prometidas durante su campaña?
El segundo asunto que enfrenta Peña Nieto se deriva del anterior. ¿Qué acción de gobierno de gran calado debe realizar tan pronto asuma el 1 de diciembre para dar un golpe de timón, posicionar su liderazgo, implantar su agenda y replantear la negociación con las fuerzas políticas?
Cualquier experto en asuntos públicos y de gobierno diría que en ambos asuntos Peña Nieto necesita “crear” y “resolver” un gran problema que: Diluya la cuestionada legitimidad de su triunfo, le posicione al interior de las fuerzas de su partido y le dé reconocimiento de una parte importante de la opinión pública.
Peña Nieto no estaría inventando el agua tibia. Así lo hizo, con bastante éxito para su causa, el presidente Carlos Salinas de Gortari cuando a sólo 40 días de haber asumido el gobierno, el 10 de enero de 1989, puso fin al inmenso poder del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina- en el sindicato petrolero, alcaldías, gubernaturas y un grupo importante de legisladores en el Congreso. Con el llamado “quiñazo” -con el que Salinas de Gortari puso en la cárcel a Hernández Galicia y a su grupo- el ahora ex presidente “limpió” los escollos políticos para implantar su agenda económica, envió una señal de autoridad al interior del PRI y le restó fuerza a las voces críticas desde la oposición de que encabezaba un gobierno ilegítimo.
De acuerdo a sus cercanos, Enrique Peña Nieto estaría implementando una estrategia similar de posicionamiento a la que diseñó Salinas de Gortari para sus primeros días en Los Pinos. La gran coincidencia es que, 23 años después, Pemex volvería a estar en el centro de la estrategia política para un nuevo mandatario priista. Para el primero, fue cortar las alas del poderoso sindicato; para el segundo, sería transformar a fondo a la paraestatal petrolera colocando parte de sus acciones en los mercados de valores, en una acción similar a la seguida por la brasileña Petrobras. Una acción de gobierno comparable, por la magnitud de sus efectos sobre la inversión y la economía en general, con la privatización bancaria en 1990 o con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 que impulsó Salinas de Gortari.
La “conversión” de Pemex a una empresa realmente pública a través de los mercados accionarios sería el caso perfecto para Peña Nieto, según sus allegados: Un asunto cansado y trillado por décadas en la política nacional, con gran hartazgo de parte de la población, con una elevada posibilidad de éxito en el futuro Congreso, incluyendo la modificación constitucional requerida y que, además, le da la llave para encaminarse hacia las otras reformas que ha propuesto.
La resolución del “problema Pemex” se encamina a convertirse en el “gran golpe” de Peña Nieto al inicio de su gobierno. La pregunta que sigue es ¿y cómo lo hará?
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