La apuesta era buena, pero no resultó.
O, medida a la distancia, resultó contraproducente para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su gobierno, sus candidatos y el escenario electoral tricolor.
Enrique Peña Nieto arribó al poder con propósitos de cambio y, en aras de lograrlo, concilió intereses con las fuerzas opositoras.
Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acudieron a la convocatoria de transformar a México con las llamadas reformas estructurales.
Gustavo Madero las firmó en el Castillo de Chapultepec por el PAN y Jesús Zambrano por el PRD.
Con dificultades y tumbos, las iniciativas avanzaron de septiembre a diciembre de 2012 para un inicio promisorio de sexenio.
Salieron la laboral, la educativa, la de telecomunicaciones…
Otras estuvieron a punto de naufragar, como la hacendaria, sacada al final gracias al apoyo del perredista Ángel Aguirre y el indefinido -porque hoy carece de partido e identidad- Gabino Cué.
Suyos fueron los votos de los senadores definitivos.
Ni siquiera castigo por los casinos
La adhesión no fue desinteresada.
Enrique Peña vivió tiempos de sociedad con Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pese a resistencias panistas y perredistas.
Los azules fueron los más beneficiados.
En aras de sus votos legislativos, el gobierno priista desistió de investigar fundamentales para aclarar pasados desvíos, enriquecimientos y múltiples operaciones anómalas.
Ahí están de muestra las compras amañadas, con sobreprecios a empresas amigas, en el sector salud.
Los manejos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
O las operaciones en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos contratos no pasarían las normas elementales de transparencia.
Las acciones sospechosas para construir o financiar cinco millones de casas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón para atender a las inmobiliarias –vivienderas, les llaman algunos- y no a los derechohabientes del Infonavit, Fovissste y otros organismos de Estado.
Casas hoy abandonadas.
Expedientes al fuego o triturados
La lista de corruptelas puede seguir hasta el infinito.
Bastaría asomarse al manejo inadecuado, por decirlo con cortesía, de los permisos de casinos, cuyos escándalos saturaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a sus funcionarios con Vicente Fox y Felipe Calderón.
O revisar con detalle las denuncias de Elba Esther Gordillo contra su antiguo protegido, el hoy electo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de amañar las compras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Para esos funcionarios, todos panistas, no hay problema.
Enrique Peña Nieto decidió no proceder y así tuvo el respaldo de Gustavo Madero, a cuyo impulso creció la carrera y la imagen del queretano Ricardo Anaya, hoy convertido en el gran juzgador del PRI y sus corruptos gobernantes.
Con esa bandera se abre camino hacia la candidatura presidencial de 2018 y el gobierno de Peña Nieto, amarrado de manos, nada puede hacer.
Nada, porque la mayoría de los expedientes fueron quemados o a la trituradora.
Pero de esto hay más, y continuaremos.
