El presidente Enrique Peña Nieto mira para otro lado y prácticamente no habla del tema. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina se refieren al problema de forma eventual en tanto les afecta de forma directa y en asuntos concretos: no hablar sobre ello si no viene la orden desde la Presidencia, es la consigna.
Casi va en solitario el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en un tema explosivo para la seguridad nacional del país. Los gobernadores involucrados no ayudan porque no entienden la magnitud de una confrontación social como ésta. Apenas balbucean advertencias como el gobernador Mario Anguiano Moreno, de Colima: “¡Aquí no se permitirán chantajes o presiones!”, de plano se reúnen con ellos y se comunican con fruición, como es el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero -UPOEG- y su líder, Bruno Plácido.
Sí. Son históricas en México. Pero da la casualidad que, de pronto, en unos cuantos meses, a partir de diciembre de 2012 comenzaron a reproducirse como hongos en tiempo de lluvias: por todas partes; de forma sorpresiva y acaso coordinada: Son los policías comunitarios o grupos de autodefensa (las primeras como parte de la estructura del sistema de cargos tradicional de los pueblos y las segundas como respuesta elemental de seguridad en circunstancias particulares).
Están en gran parte del país, pero más en Guerrero y Michoacán; luego Oaxaca, Veracruz y Yucatán; en el norte, en Sonora, y hace unos días en Tlaxcala: ir contra el narcotráfico y la violencia en contra de sus comunidades, sus consignas de origen.
La mayoría de sus integrantes están armados y, aun así, el gobierno federal nos dice que es un problema “colateral” al del crimen organizado, narcotráfico y violencia criminal en el país.
Pero, casualmente, la mayoría de estos grupos pregonan: “¡No al Ejército aquí!”; “¡No a la Marina aquí!”. El argumento es el de que estas instancias del gobierno federal llegaron a irrumpir en sus comunidades y -dicen- “cometen abusos y excesos; hostigan y amenazan”… ¿Esto es verdad?
Acaso sí. Los militares no son palomitas de maíz. Aunque tampoco hay que olvidar que estos grupos surgen con ciudadanos bienintencionados que quieren defender su vida y la de su familia; su espacio vital y su trabajo. Los gobiernos estatal o municipal no les garantizan esa integridad.
Pero no todos ahí son esas almas purísimas. Otros tienen intereses particulares: Hay ahí espacios de control, lugares en los que no conviene la presencia militar y, por tanto, bajo el pretexto de ser policías comunitarias, confrontan, hacen movilizaciones, bloquean.
La tarea de gobierno es dirimir con precisión quirúrgica quién es quién en este mundo de la autodefensa y asumir responsabilidades en ley y otorgar a la población la protección necesaria. No hacerlo es ingobernabilidad. Ya la hay.
Hay enfrentamientos entre grupos de autodefensa por territorios o intereses diversos. Ocurren emboscadas como la de la noche del martes 23 de julio en la carretera Lázaro Cárdenas-Colima en donde murieron dos elementos de la policía federal.
O como cuando apenas el 7 de agosto pasado pobladores de cuatro comunidades de la Costa Chica de Guerrero finalmente liberaron a 70 militares a quienes tenían retenidos por la detención de su “comandante Garza”, al que, en su camioneta, encontraron armas largas, según informó la autoridad federal.
O el tono político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que bloqueó carreteras en distintos municipios de la Costa Chica en demanda de que “cese el hostigamiento por parte del Ejército y la Marina en territorios indígenas (…) Pero las carreteras permanecerán bloqueadas para rechazar las reformas estructurales en materia energética, fiscal y educativa”.
La situación es explosiva y el gobierno mexicano tiene un problema in crescendo. La ingobernabilidad está a la vista. No es un asunto sólo estatal o municipal: Es, sobre todo, federal. Y se solucionará haciendo política que para eso está ahí. Hacerlo de otra manera es echar gasolina al fuego y, así, nadie saldrá bien librado. Hace falta gobierno, leyes al punto y derechos humanos. Ni más, ni menos.
