El miércoles 11 de junio de 2025, será un día clave para Juana Hilda González Lomelí, quien fue acusada, juzgada y sentenciada a casi 79 años de prisión, por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de 2005; así como por pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada dedicado al secuestro, y por la posesión de una arma larga.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y emitirá una resolución sobre un proyecto elaborado por el Ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que propone conceder el amparo liso y llano contra la sentencia definitiva; y ordenar la inmediata y absoluta libertad de la quejosa.
De acuerdo con el documento, que hizo público el máximo tribunal de nuestro país; con relación al delito de privación de la libertad y de la vida de una víctima: 1) se considera que el Estado no logró demostrar que las “confesiones” que la quejosa rindió, cuando estaba bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho a no ser sometida a tortura. Con ello, todos los elementos que salen de esa prueba son declarados inválidos (incluyendo, lo obtenido en los cateos).
Con relación al delito de ser integrante de un grupo de delincuencia organizada dedicada al secuestro: 2) se concluye que “toda vez que no existen pruebas suficientes para vincular a la quejosa con el secuestro de la víctima, no es posible relacionarla con un grupo de delincuencia organizada dedicado a ello”.
Y respecto a la acusación por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas: 3) el proyecto precisa “que no existen elementos para sostener que la quejosa es responsable de haber poseído las armas que se aseguraron en su casa, pues ella fue detenida desde un día antes”.
Por tal motivo, el documento a discutir (mañana) concluye que no hay elementos suficientes para determinar que las “confesiones” obtenidas fueron emitidas de manera libre y voluntaria, y no bajo tortura psicológica, coacción e intimidación, por lo que no pueden ser tomadas en consideración para la emisión de una sentencia condenatoria y deben declararse nulas.
De ser aprobado tal cual, el proyecto del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿qué pasará con los otros implicados en el caso Hugo Alberto Wallace? Al igual que con Juana Hilda González Lomelí, ¿tendrán que ser liberados de esta acusación?
Sin embargo, la pregunta más importante es, ¿qué pasará con quienes detuvieron, torturaron, acusaron y armaron un caso con pruebas endebles y que tiene a seis personas privadas de su libertad desde hace 20 años? ¿Serán castigados?
EL DESASTRE QUE DEJÓ EL CUAU
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el estado de Morelos ocupa el primer lugar en robo de vehículos: de enero a abril de este año, han sido robados más de mil 600 automóviles… El asalto a transporte de carga también representa un serio problema; en el mismo periodo, se han documentado más de 27 atracos, principalmente en la zona de Huitzilac.
La herencia maldita de Cuauhtémoc Blanco.
@JuanMDeAnda
