Hace unos días, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirmó que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron “padrones de beneficiarios de programas que no sirven”, ya que eran utilizados con fines electorales, había desorden y prevalecía la discrecionalidad. Sin embargo, sobre esto no ha presentado ningún estudio o análisis concluido por la actual administración.
Todos sabemos que cada Gobierno que llega al poder se dedica a implementar nuevos programas sociales, y que durante su administración va agregando y modificando la lista de beneficiarios. Pero pocas veces existe una descalificación de los padrones, pues en realidad lo que buscan los que siempre van llegando es tener justo el control de los beneficiarios.
Pero fue el vocero de la Presidencia quien señaló que al analizar uno de los padrones detectaron irregularidades; por ejemplo, dijo que se conoció que entre 30 y 40% del padrón de beneficiarios de personas adultas mayores era gente que no debía tener esa ayuda por carecer del perfil del programa. “Había gente que no cubría el perfil, pero que pertenecía a sus partidos y era beneficiaria de sus programas sociales sin tener derecho a ello”.
El problema es que hasta la fecha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado ejemplo de qué tipo de adultos mayores tiene ese beneficio y cuáles no, y si, por el contrario, sin tener los candados suficientes depositaron esta ayuda a todas las personas jubiladas del IMSS y del ISSSTE.
Tras estas declaraciones sabemos que el Gobierno federal está tratando de eliminar los principales requisitos para acceder a la pensión de adultos mayores de 65 años, que pasó de mil 160 a dos mil 500 pesos bimestrales. Y aquí podría estar la trampa o el peligro, y es que las nuevas autoridades están buscando eliminar diversos candados, entre ellos el que prohibía pagar el apoyo a personas que ya reciben más de mil 92 pesos mensuales por cualquier otra pensión o jubilación.
De acuerdo a las nuevas reglas que proponen, el beneficiario no tendrá que acudir a un Centro de Atención Regional, de la Secretaría de Desarrollo Social, a presentar su solicitud, sino que será visitado en su casa. Las reformas también eliminan la obligación de llenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica y Cuestionario Complementario, el Sistema Integral de Información del Programa Pensión para Adultos Mayores; lo que no explican es la forma en que podrán verificar posibles duplicidades o inconsistencias en estos padrones.
Y es justo este último punto el que debe preocuparnos no sólo en este caso, sino en el resto de los programas sociales. Quitar los candados puede provocar que los nuevos padrones de beneficiarios tengan el mismo problema que presentaron los padrones obtenidos durante el sismo del 19 de septiembre, elaborados por la Sedatu y el Bansefi, en los cuales los beneficiarios se duplicaron o incluso triplicaron.
Sumado a lo anterior, si ponemos el tema de que la banca privada podría repartir los recursos de los programas sociales, será más complicado detectar las inconsistencias en los padrones, pues al solicitarlos o cotejarlos se podría colocar el llamado secreto bancario. Y, por lo tanto, denunciar el uso de los padrones con fines electorales podrá ser mucho más complicado.
