En la revisión (porque ya no es renegociación), el gobierno de Donald Trump quiere la enchilada completa.

Así lo dejó saber el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, durante una comparecencia ante su Senado, horas antes de viajar a México.

Greer dijo a los legisladores que la renovación del tratado comercial trilateral será difícil “si el presidente Trump considera que México no colabora en todas las áreas’’ en las que incluyó el Tratado de Aguas, la seguridad fronteriza y, aunque el funcionario no lo dijo textual, el combate a la delincuencia organizada.

Estas declaraciones no son un asunto menor, pero tampoco deberían ser un secreto para el Gobierno mexicano, a quien Trump ha presionado desde el primer día de su mandato.

No sabemos, porque la información de la revisión del T-MEC en México es casi secreto de Estado, si la administración trumpista pedirá que se incluya el cumplimiento del Tratado de Aguas, vigente desde el 8 de noviembre de 1945 y que México no ha podido cumplir en el último quinquenio.

La deuda de agua de México con Estados Unidos también ha sido motivo de presiones de los productores vecinos, sobre todo para que se aplique presión a través del T-MEC, aunque el gobierno nacional ha ido pagando en abonos chiquitos.

Como sea, el balón ahora está en la mesa de Marcelo Ebrard que deberá lidiar con Greer y su jefe para que el acuerdo se reduzca a lo comercial, porque mezclarlo con político sería un autogol.

A ver.

****

El asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido ayer mientras desayunaba, no puede quedar impune.

Leyva Aguilar fue autor de la columna quizá más leída en el estado, “El Zumbido del Moscardón’’, en la que criticaba abiertamente al gobernador Salomón Jara y al senador Antonino Morales Toledo; al gobernador lo llamaba “el anodino’’ y a Morales Toledo, además de acusarlo de ser parte de una banda de huachicoleros, le llamaba “hamponino’’.

El periodista asesinado fue el director de la radio y la televisión estatales con Alejandro Murat y en la última video-columna que grabó, el lunes pasado, se refirió a ambos personajes, sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y a la disyuntiva que enfrentaba el gobernador para dejar como sucesor a alguno de los políticos locales apoyados por estos grupos.

Si el Gobierno federal tiene un verdadero compromiso con la libertad de expresión y la justicia, la Fiscalía General de la República debería atraer el caso.

¿Qué credibilidad tendría una investigación realizada por quienes eran blanco de las críticas del periodista asesinado?

Nuestra solidaridad con sus familiares, amigos, y compañeros de la prensa local.

****

¿Tu también, MC?

Hablando de periodistas asesinados, en el Congreso de Veracruz se discute el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien la fiscalía estatal acusa de ser el autor intelectual del homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez.

Según la fiscalía, durante las investigaciones un detenido acusó que el alcalde dio la orden a un grupo de la delincuencia organizada para secuestrar y asesinar a la periodista porque, supuestamente, tenía una fotografía suya portando una arma larga de uso exclusivo del Ejército.

La hipótesis suena blandengue, pero la próxima semana el Congreso decidirá si le quita el fuero para que sea detenido y presentado ante un juez.

También el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Moreno, está sujeto a un juicio de desafuero pero la fiscalía no precisó si tiene que ver con el mismo caso.

Ambos presidentes municipales, ahora en capilla, forman parte del Partido Movimiento Ciudadano.

 

    @adriantrejo