Solo en México la palabra de un delincuente tiene más credibilidad que la de un gobernador.

 

La carta en la que Ismael Zambada, El Mayo, narra como fue emboscado y secuestrado para llevarlo a Estados Unidos, embarra (“implica’’ es un término muy benévolo) al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a un comandante de la Fiscalía del estado, que fungía como su guardaespaldas, fue publicada exactamente el día en el que López Obrador y Claudia Sheinbaum visitaban la entidad.

 

Por supuesto que no fue casualidad.

 

La carta, si bien parece dirigida a Rocha Moya para reclamarle una traición, también tenía de destinatario al Presidente, quizá como una forma de medir su reacción.

 

Porque López Obrador se ha desligado, personalmente, y a su Gobierno en general, de la detención del capo más importante del país, con la historia de que “no estuvieron enterados’’, pero eso suena más bien como a un deslinde dirigido no precisamente al pueblo bueno y sabio.

 

El asunto es que la carta de Zambada solo ratifica lo que parece un secreto a voces en Sinaloa: que el gobernador fue apoyado por “Los Chapitos’’ y que pareciera que les devolvió el favor.

 

Dice en su defensa Rocha que él “ni estaba en el estado’’ cuando ocurrió el presunto secuestro del Mayo y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, con quienes se supone se reuniría el capo.

 

Que el gobernador estaba en Los Ángeles (convenientemente) y que se fue enterando de los hechos por la tarde-noche.

 

No era necesario que no estuviera en la entidad, por supuesto, ni ha explicado a qué fue a Los Ángeles.

“Me quieren hacer narco a la fuerza’’, dijo en su defensa Rocha, pero parece que, al menos en la entidad, a nadie le importó la declaración del gobernador.

 

Porque entre la sociedad se ha dado como cierta la versión de El Mayo, debido a dos factores: la ausencia completa de transparencia del Gobierno mexicano de informar qué es lo que pasó y, segundo, que muchos presuntos delincuentes, entre ellos Genaro García Luna, están presos por los dichos de terceros.

 

Si les han creído a delincuentes que han testificado hechos de “oídas’’, ¿por qué no creer que la versión de la carta es real?

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Alejandro Moreno fue reelecto como presidente del PRI por los próximos 4 años, ante el reclamo de los expresidentes Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Codwell y Enrique Ochoa.

 

Los tres exdirigentes consideraron que la elección continua había sido “una farsa’’ y lamentaron que ni el INE ni el Tribunal Electoral se hayan pronunciado sobre sus quejas antes de la unción de Moreno para un periodo de 4 años.

 

Hay, sin embargo, detalles que quizá este grupo de exlíderes del tricolor pasaron por alto o por conveniencia o franca ignorancia.

 

Por ejemplo, argumentan que la “esencia’’ del PRI era la “no reelección’’, pero en el 2015 votaron en la Cámara de Diputados por la reelección de congresistas y de presidentes municipales.

 

Sostienen también que no puede hacerse una modificación de los estatutos de los partidos políticos sino hasta el término del proceso electoral, pero existe una jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Electoral en la que se concede que dichos cambios pueden hacerse después de la jornada electoral.

 

Es decir, después del día de las elecciones.

 

Con este escenario se ve complicado que el grupo que impugna a Moreno pueda ganar la batalla legal con lo que el campechano tendrá el control del partido los próximos 4 años.

 

    @adriantrejo