La ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, presentó ayer un tardío compendio de propuestas para reformar el Poder Judicial, realizadas por trabajadores, jueces y magistrados federales de las 32 entidades y 11 sistemas de justicia locales.

El documento llegó tarde, toda vez que la iniciativa presidencial, con la que se busca “demoler al Poder Judicial’’, según los dichos de Piña, ya pasó la aduana de la Cámara de Diputados y esta semana será presentada para su discusión y votación en la de Senadores.

El compendio de propuestas realizado por los integrantes del Poder Judicial es contrario a lo que propone la iniciativa presidencial.

Por ejemplo, se propone aumentar el número de personas juzgadoras (jueces) y mejorar sus condiciones laborales, toda vez que el déficit de personal y las malas condiciones en las que tienen que trabajar limitan el derecho a una justicia pronta y expedita.

También proponen mejorar la capacitación de “todos los actores del sistema judicial’’, esto es, perfeccionar la carrera judicial, que dejará de existir si en el Senado se aprueba la propuesta de López Obrador.

Se incluye también la petición de avanzar en una “justicia digital’’ para acelerar procesos, así como fortalecer la capacitación y supervisión de la defensoría pública.

Quizá la propuesta que más llamó la atención y que los senadores harían bien en considerar, sea cual sea el resultado de la votación, es la de crear “órganos itinerantes’’ para atender a sectores marginados “para asegurar que la justicia sea accesible para toda la ciudadanía’’.

Es decir, una especie de juzgados móviles para llegar a municipios y colonias marginales.

Algunas de estas propuestas ya las habíamos escuchado durante los inútiles foros que sirvieron al partido presidencial para ganar tiempo, pero habían sido hechas a título personal por algún magistrado o juez.

El hecho destacado es que las propuestas arriba citadas fueron realizadas por trabajadores del Poder Judicial en conversatorios y talleres en las 32 entidades del país.

Obviamente, hay una oposición a la elección de jueces y magistrados por la vía del voto directo y en contra se propone perfeccionar los mecanismos de selección para que lleguen a esos cargos los mejores preparados.

También hay una oposición a la creación de un Tribunal Judicial, debido que las resoluciones de éste serían inatacables en perjuicio de la presunción de inocencia de cualquier acusado.

El documento agrega un elemento más para la discusión, pero no tendrá efectos reales en lo que se discute en el Senado y probablemente sea votado entre martes y miércoles.

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Todos los ojos de los opositores a la reforma judicial lopezobradorista se posaron, el fin de semana, en la figura del senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ha sido el único legislador del PAN que no firmó la carta de compromiso para votar en contra de la reforma, como sí lo hicieron los otros 21 legisladores del blanquiazul.

Ni bien se había determinado que Yunes Márquez sería senador, la fiscalía de Veracruz le giró una orden de aprehensión por los delitos de fraude procesal y falsificación de documentos.

Yunes literalmente huyó del país para evitar ser detenido; dijo que estaba en un hospital de Estados Unidos atendiéndose un padecimiento, mientras sus abogados tramitaban un amparo.

Aún así, compareció ante un juez por vía remota, el 12 de julio, y tres días después le fue concedido un amparo en contra de la orden de aprehensión y la emisión de una ficha roja.

Ya dijo, de viva voz, que votará en contra.

A ver.

 

     @adriantrejo