Tres muertos, hasta ahora, es el saldo de las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal, que ya tiznó el albo uniforme de la Marina.
¿De qué tamaño es la red para que hayan ocurrido esas sospechosas muertes?
La primera, ampliamente documentada, fue la del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre del año pasado en Manzanillo, Colima.
Como director general de Recaudación de Aduanas, Guerrero Alcántar había entregado al secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, una carta en la que denunciaba los actos de corrupción que se cometían en las aduanas, con nombres y apellidos.
La carta fue entregada en junio de ese año, por lo que el alto mando de la Marina tuvo tiempo suficiente para investigar las denuncias, pero lamentablemente no se conocieron resultados positivos y Guerrero Alcántar pagó con su vida ese acto de honestidad.
Dos semanas antes, el 21 de octubre del 2024, había sido asesinada en la capital Colima, Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar “B’’ de la delegación de la Fiscalía General de la República.
Las propias autoridades federales relacionaron ambos homicidios con la denuncia de Guerrero Alcántar.
Ayer se informó del suicidio de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Prevención Portuaria de Altamira, a quien el exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán AlejandroTorres Joaquín, mencionó como parte del grupo de integrantes de la Marina que había recibido sobornos para dejar desembarcar el huachicol fiscal.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum cumple su palabra de llegar hasta donde tope, podríamos estar ante una de las bandas de delincuencia organizada en donde la complicidad de servidores públicos podría llegar a personajes del anterior gobierno y que hoy alcanzaron reintegro en el gabinete presidencial.
La muerte de tres personas puede ser un indicativo de la gravedad de las investigaciones que ya incluyen a servidores públicos y empresarios.
Y solo estamos hablando del huachicol fiscal, es decir, de la utilización de documentación falsa para evitar el pago de impuestos, pero se ha dejado de lado la investigación sobre el huachicol a secas y el huachigas, la ordeña de ductos de Pemex que, literalmente, sigue siendo una sangría para el erario.
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En Morena están tratando de atajar, a como dé lugar, cualquier responsabilidad no solo del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, sino la del propio Andrés Manuel López Obrador en este esquema de corrupción.
Y es que, por más esfuerzos que hagan por derivar responsabilidades, está más que claro que la denuncia se hizo durante la administración del tabasqueño quien, aparentemente, se quedó de brazos cruzados.
Él mismo lo dijo al inicio de su sexenio: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República.
“El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda’’.
¿Usted qué cree sobre el papel del expresidente?
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La entrega del Paquete Económico para el 2026 (presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal), se retrasó en San Lázaro debido a un ajuste de último momento.
La industria refresquera cabildeaba para reducir el aumento IEPS que pagarán, lo mismo que los agentes aduanales temerosos de que la reforma anunciada por Ernestina Godoy les perjudique, sobre todo a partir del escándalo del huachicol fiscal.
Ni se digan los banqueros que ya fueron advertidos de que no podrán deducir sus aportaciones al IPAB.
Se esperaba que el paquete fuera entregado a las 22:00 horas.
A ver.
@adriantrejo