Finalmente, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, enviará una iniciativa al Congreso local para desaparecer del Código Penal el delito de “ultrajes a la autoridad’’.

La presión social ejercida en contra de las arbitrariedades cometidas por las Policías locales, avaladas por el Poder Judicial del estado, permitió conocer decenas de casos de violaciones a los derechos humanos, al estado de derecho y al debido proceso.

Veracruz se ha convertido en la entidad con mayores señalamientos de violaciones a los derechos humanos.

El tema explotó con la detención de seis jóvenes, en una plaza comercial de Xalapa, que fueron acusados por los policías que los detuvieron de “ultrajes a la autoridad’’.

Fueron encarcelados por un juez local -al que habría que investigar también- que desestimó las pruebas presentadas a favor de los jóvenes y en contra de la detención en la que los policías cometieron cualquier cantidad de excesos.

Tuvieron que pasar cuatro largos meses en la cárcel hasta que la orden de un juez federal los liberó; pero están fichados, fueron abusados psicológicamente y amenazados.

El caso se hizo público hasta que el senador Ricardo Monreal lo tomó como un asunto personal y demandó al Gobierno de García no solo la liberación de los jóvenes sino también la derogación del delito de marras que dejaba al arbitrio de las Policías aplicarlo a quienes no se sometían a sus peticiones.

Ayer García respondió que enviará al Congreso una iniciativa para derogar esa aberración, en cumplimiento a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos -punto para Rosario Piedra- aunque, en buena medida, la decisión fue empujada por el repudio generalizado a dicho delito.

El veracruzano no dijo cuándo enviará la iniciativa, ojalá sea pronto, y en cuanto sea aprobada por el Congreso todos los presos de este sexenio acusados de ese delito tendrán que ser dejados en libertad.

Entonces se conocerá en toda su dimensión la violación a los derechos humanos y al Estado de Derecho cometidos por el Gobierno de, según López Obrador, “el mejor gobernador de México’’.

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Aunque causó enojo en redes sociales la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que para construir un tren “no se necesita ser ingeniero’’, no debía sorprendernos.

El funcionario defendió -es un decir-, el nombramiento de Javier May como director de Fonatur y responsable de la construcción del Tren Maya, aún cuando solo tiene estudios hasta la preparatoria.

Pero ya sabemos que eso de la técnica y la preparación poco le importan al Gobierno.

Un agrónomo dirige Pemex, la empresa productiva del Estado más importante, con los resultados de todos conocidos; un antropólogo dirige el Insabi, ese Frankenstein que sustituyó al Seguro Popular, una licenciada en letras inglesas encabeza la Secretaría de Economía y una estudiante de arquitectura será la encargada de administrar los miles y miles de millones de los programas sociales.

Y usted puede agregar otros ejemplos, si quiere.

La fórmula la describió el propio Presidente: 90% lealtad y 10% experiencia.

A ver si luego no lo lamentamos todos.

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa de 4.5 millones de pesos a Morena por haber obligado a los empleados del municipio de Texcoco a entregar 10% de su salario para apoyar al grupo político de la entonces presidenta municipal, Delfina Gómez y su mentor Horacio Duarte.

Hoy Gómez es secretaria de Educación y Duarte encargado de las aduanas del país.

¿Por eso los magistrados solo sancionaron el delito pero no a quienes lo promovieron?

LEG