Bien dice el dicho que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas.
El siguiente caso podría aplicar, según la opinión de cada lector, para bien o para mal.
El caso es que el gobierno, luego de consumar el atrac…, perdón, la reforma a la Ley del Infonavit que le permitirá disponer, sin controles, de los recursos de la subcuenta de vivienda de los trabajadores por más de 2 billones de pesos, ahora se prepara para aprobar una ley que le permitirá a la Secretaría de Seguridad Pública, acceder, sin mediar orden de juez de por medio, a los registros telefónicos de todos los mexicanos que tengan contratada una línea.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer al Congreso una iniciativa de Ley General de Seguridad Pública, en la que se propone la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RNUTM).
La justificación es que este registro servirá para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, propósito loable pero de dudoso cumplimiento, pues las autoridades ni siquiera han sido capaces de evitar la entrada de celulares a los reclusorios y menos bloquear la señal que sale de los centros de detención.
Como sabe, la mayoría de las llamadas de extorsión y de secuestros virtuales tienen su origen en las cárceles del país.
Bien, entonces la Presidenta propone la creación de este registro al cual tendrán acceso las instituciones de seguridad pública para la obtención de “datos de prueba’’ para combatir los delitos ya citados.
Eso sí, la iniciativa dice que tales instituciones deberán respetar los derechos humanos y garantizar “el derecho a la privacidad’’.
No se menciona un candado para que esta muy sensible información privada termine en las manos de bandas criminales, como ya ocurre; tampoco se garantiza que las instituciones de seguridad, algunas contaminadas por la corrupción, utilicen esa información para precisamente extorsionar o secuestrar.
Hace unos años se intentó hacer un registro con características similares, pero un fracaso, a pesar de que la situación no estaba, ni cerca, como la de hoy en materia de seguridad.
El gobierno quiere saber, sin orden de por medio, con quién habla y para qué.
Eso sí, con respeto a su derecho humano a la privacidad.
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Otra perla sobre el mismo tema de la privacidad.
El diciembre pasado, el Congreso de la CDMX aprobó una modificación al Código Fiscal local, que establece la obligación de que los dueños de inmuebles de uso habitacional cuyo valor catastral supere los 4.5 millones de pesos, entreguen, so pena de multa de 6,000 a 10,000 pesos, un informe detallado del estado de la propiedad.
¿Qué es un “informe detallado’’?
Bueno pues, si usted está en ese caso, tiene que informarle a la Secretaría de Finanzas de la CDMX si renta su vivienda, si la tiene prestada o desocupada, cuántas personas viven en ella y hasta sus edades.
¿Para qué quiere el gobierno local está información? ¿No estará pensando hacer un censo sobre las viviendas desocupadas para destinarlas a “los menos favorecidos’’?
¿No es este otro ataque a la privacidad de los ciudadanos?
¿Nadie va a decir nada?
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los juzgadores que concedieron amparos en contra de la reforma judicial, revisar de oficio, es decir, revocar dichas suspensiones.
La decisión supone quitar el freno a cualquier recurso legal en contra del impresentable método de selección de los jueces, magistrados y ministros, en cuyas manos estará la aplicación de la justicia en las próximas décadas.
@adriantrejo
