La masacre en Michoacán, de la que hay videos y fotos posteriores en las que se ve a los propios sicarios limpiar la escena del crimen, representa otro duro golpe de realidad para el Gobierno de la 4T.

Ni un mes ha pasado desde que la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó sus cifras en las que destacaba una reducción de los homicidios dolosos de diciembre a enero pasado.

Aquí comentamos que la reducción era marginal pero, independientemente de ello, no se podía hablar del éxito de la política de combate a la delincuencia organizada cuando decenas de comunidades lucen abandonadas por sus pobladores ante el asedio de grupos delincuenciales.

Sume ahora a ello la masacre de Michoacán, puesta en duda desde la misma Presidencia de la República, más otra ocurrida ayer cerca de Puerto Escondido, en Oaxaca, en la que fueron asesinadas cinco personas.

Lo de Michoacán llama la atención no solo por la decisión de las autoridades de cuestionar los hechos “porque no hay cadáveres’’, sino por toda la mecánica de la ejecución.

Los sicarios tuvieron tiempo de llegar al velorio, sacar a 17 personas, ponerlas contra la pared y fusilarlos.

Después tuvieron horas -¡horas!- para recoger los cuerpos, subirlos a camionetas y limpiar con agua a presión, la mayor cantidad de sangre posible.

El Gobierno estatal asegura que el Gobierno municipal no envió la alerta temprana y por eso no llegaron los refuerzos a tiempo.

En ese momento, de acuerdo con la información oficial, sólo había tres policías municipales que, evidentemente, estaban en desventaja numérica y de armamento.

Es eso o probablemente podrían haber volteado la vista convenientemente a otro lugar.

¿Se puede en un poblado de ese tamaño ocultar una masacre de ese tamaño? ¿O haber puesto un montaje?

El presidente López Obrador cuestionó que “faltaba información y ya (los medios de comunicación) lo dan como un hecho’’.

Preocupa además que el Presidente haya declarado que había “evidencias del enfrentamiento’’, cuando el video muestra claramente una ejecución tumultuaria.

Lamentablemente para el país la estrategia no cambia; lo que cambian son los nombres de los pueblos que se van sumando a los territorios dominados por la delincuencia organizada.

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Por cierto, ayer el Presidente evitó hablar sobre las acusaciones que hizo el abogado Juan Collado al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

López Obrador sí fue cuestionado sobre el tema, pero utilizó media hora para hablar de todo, de la relación de Collado con Carlos Salinas (de Peña Nieto dijo “no estoy seguro’’ pese a las evidencias), de que él había pedido la reparación del daño, etcétera, para terminar responsabilizando a los medios de comunicación casi casi del diluvio.

No habló de Scherer pero tampoco hizo una defensa a ultranza; se fue capoteando el tema, como cuando ocurre con un asunto que le incomoda.

Respecto a la audiencia que debía celebrarse ayer con los abogados acusados por Collado, no se realizó y fue pospuesta para el próximo lunes 7 de este mes, aunque el representante de la Fiscalía General adelantó que pedirán 40 años de prisión para los litigantes que habría formado un grupo para extorsionar a gente adinerada con problemas.

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El diputado Santiago Creel Miranda nos hizo llegar una carta en la que afirma que no tiene ninguna relación con el despacho Creel-García Cuéllar-Aiza y Enríquez, mencionado en la columna publicada ayer.

Al diputado y a nuestros lectores les ofrecemos una disculpa por la imprecisión.

LEG