El Plan B electoral hace agua por la falta de rigor no de técnica legislativa, sino en los cálculos que se hicieron para “terminar con los privilegios’’ de Congresos locales.

Ya habían advertido en su momento Ricardo Anaya y Alejandro Moreno que la iniciativa estaba hecha sobre las rodillas (“con las patas’’ dijo el panista), lo que quedó de manifiesto ayer al suspenderse la sesión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en la que se dictaminaría la iniciativa presidencial.

En la presentación de la iniciativa, se aseguró que se buscaba limitar el número de regidurías (de 7 hasta 15) y topar el presupuesto de los Congresos estatales al 0.7% del presupuesto estatal aprobado.

Pero como en la Consejería Jurídica de la Presidencia no hicieron bien las cuentas, fueron tuiteros y dirigentes de partidos de oposición quienes cuestionaron las cifras.

Sucede que, si se aprobara la supuesta reducción de los regidores, cientos de municipios tendrían más de los que actualmente tienen.

La semana pasada publicamos aquí un ejemplo, el de Mérida, Yucatán, que perdería uno, pero en el resto de los municipios el número aumentaría en 221.

Así en por lo menos 16 estados más.

El caso del tope al presupuesto de los Congresos también resultó ser una ilusión.

Hay, efectivamente, casos como los de Nuevo León o Jalisco, para cuyos Congresos se aprobó más del 1.5% del presupuesto estatal.

Son doce los estados que superan el 0.7% propuesto en la iniciativa presidencial, pero en el resto de los estados, el presupuesto del Legislativo es menor al porcentaje propuesto desde la Presidencia, lo que hace inviable cualquier programa de ahorro.

No, no solo es la responsabilidad solo del PT sino de la ligereza con la que fue concebida y redactada una iniciativa, que se supone será la cereza de todas las modificaciones constitucionales de la 4T, la que hoy tiene detenida la discusión de ese famoso Plan B.

¿Morena sacará de la chistera un Plan C?

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El secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza anda con la realidad convenientemente alterada.

Este personaje, que ha sido acusado por sus agremiados de haber desaparecido el patrimonio sindical por algo así como 600 millones de pesos, que se hizo del cargo violando los estatutos de la organización, haciendo campaña cuando no debía y colocando las urnas de votación solo en lugares que le favorecían, anda condenando a ¡la mafia del poder sindical!

Martínez Araiza se ha dedicado a vivir la buena vida de los representantes sindicales (como a los que dice criticar) y a tratar de convertirse en una voz autorizada en temas laborales.

Cuentan que tiene un padrino que lo protege en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero no durará por mucho tiempo.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, presentó su Cuarto Informe de Gobierno, en el que enfatizó el hecho de que su gobierno “ha asumido la visión humanista con todo compromiso y responsabilidad, pero también como parte de un movimiento con un proyecto nacional que hoy tiene rumbo y un profundo sentido social.

"Ahí está la esencia de este gobierno, lo que hemos perseguido por tres años y medio y donde vamos a seguir con firmeza, con responsabilidad, con un profundo sentido humanista y con la fuerza de la esperanza’’, dijo.

El gobernador morenista destacó la reducción de los índices delictivos, la inversión de 21,000 millones de pesos en los 43 municipios, la reducción de la deuda estatal en 883 millones de pesos y la baja tasa de desocupación laboral, de 3.2 por ciento.

 

    @adriantrejo