En términos prácticos, la entrega de la familia Guzmán al FBI en la garita de San Isidro representó otro “Mayazo’’ para el gobierno federal.
Nadie en el país supo hasta que se filtró del otro lado la foto de la familia esperando ser recibidos por agentes estadounidenses.
No se trata de una anécdota más, sino de la forma en la que Donald Trump trata al gobierno mexicano.
Antier, nos enteramos por información proveniente del país vecino que habían sido deshabilitados tres grandes narcolaboratorios en Sinaloa.
Horas después, el gobierno mexicano dijo que había sido una operación de las fuerzas federales y que las agencias de Estados Unidos solo habían hecho una especie de supervisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las agencias de inteligencia estadounidenses “quisieran entrar (a México) como lo hacían en el periodo neoliberal con Calderón, pero ya no es igual’’.
A ciencia cierta no lo sabemos.
Pueden que anden caminando por ahí y el gobierno no sepa que los espías están aquí porque ya vimos que permiso no van a pedir.
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Por primera vez desde el 2004, un gobierno federal está dispuesto a entrarle, en serio, a la regulación de los casinos para que éstos paguen correctamente sus impuestos y las empresas dejen de ser objetos de extorsiones por funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Los permisionarios de las casas de apuestas, representados por Francisco Gutiérrez Caballero, se reunieron en septiembre pasado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para externar sus preocupaciones respecto a la regulación caduca que data de 1947 y, aunque su reglamento fue modificado mediante dos decretos, el último en noviembre del 2023, la operación de las empresas presenta lagunas legales que desincentivan la inversión.
Los permisionarios de casinos, agrupados en el Consejo Nacional Industrial de Empresas Transformadoras del Ocio y Entretenimiento, AC., reconocieron la disposición de la secretaria de Gobernación para abordar el tema, que ha sido tabú en otros gobiernos.
Esencialmente, los permisionarios solicitan que haya claridad en la aplicación del reglamento que regula la operación de las salas de apuestas, pues actualmente pueden ser afectados por decisiones de gobierno municipales, estatales y el federal.
Que se dé certidumbre en el nombramiento del director de Juegos y Sorteos, pues desde el 2004, este funcionario cambia, en promedio, cada 16 meses.
También solicitan que los permisionarios sean sujetos del derecho de amparo, del cual están excluidos; que se les reconozca como sujetos con derecho a un juicio de garantías.
Si se concreta esta regulación, la Secretaría de Gobernación habrá sentado un precedente de negociación positiva con una industria que vale unos 5,000 millones de dólares al año.
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Increíble el grado de violencia política que vive Veracruz.
Al inicio de las campañas, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió de los riesgos que corrían los candidatos por la presencia del crimen organizado en la entidad.
Ni los muertos de Morena han servido para que la gobernadora Rocío Nahle sea más exigente con sus policías y la Federación para resguardar el orden en la entidad.
Ayer le tocó a la sede del PRI en Veracruz sufrir la vandalización de sus instalaciones que fueron lapidadas e incendiadas por una turba sin que hubiera detenidos.
La violencia política ligada al narco no parece tener fin.
No por nada más de 280 precandidatos de todos los partidos se bajaron de la contienda.
¿Y Nahle?
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La empresaria regiomontana Sonya Santos fue designada como directora del FONART, como un reconocimiento a su destacada trayectoria política y dentro de la Fundación Rufino Tamayo.
Enhorabuena.
@adriantrejo
