En mala hora para sus propios intereses y para la credibilidad que debe tener el nuevo poder judicial del bienestar, la ministra Yasmín Esquivel obtuvo una victoria jurídica que podría ser pírrica.
Es decir, perder más de lo que ganará.
Una juez, Flor de María Hernández Mijangos, impuso un pago de 15 millones de pesos al exrector de la UNAM, Enrique Graue, y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo Chagolla, a favor de la ministra Esquivel “por daño moral’’.
Graue, en su carácter de rector, y Macedo, en su carácter de director de la FES en dónde estudió la licenciatura la hoy ministra, ordenaron a sus órganos de ética, establecer sí, efectivamente, la tesis para titularse presentada por Esquivel había sido copiada de otra presentada un año antes.
Ambos funcionarios universitarios, lo hicieron en representación de los cargos que ostentaban en el momento, no a título personal.
En ambas investigaciones, se concluyó que la tesis de Esquivel era plagiada, es decir, una copia textual de hojas completas de otra publicada varios meses antes que la suya.
La ministra interpuso varios recursos legales, entre ellos la demanda por daño moral y otro que impide que la UNAM dé a conocer el resultado de la investigación que el Consejo General de la casa de estudios tiene preparado desde hace meses pero que por una resolución judicial no puede hacerlos públicos.
La juez en cuestión determinó darle la razón a Esquivel y también a su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, despedida de la FES Aragón a los pocos días de estallado el escándalo.
El tema del plagio, dormitaba en el subconsciente colectivo, entretenido en otros casos más mediáticos, como Teuchitlán, el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, etcétera, pero la sentencia a favor de Esquivel lo despertó de un bofetón.
Ahora no solo se cuestiona, nuevamente, la validez de la tesis de la ministra, sino su intención de competir por el mismo cargo con este antecedente en contra.
Lo peor de todo el tema es que la sentencia de la juez Hernández Mijangos coloca en la discusión pública no solo un posible tráfico de influencias sino que valida las especulaciones sobre lo que pasará, a partir del primero de septiembre, cuando los nuevos juzgadores comiencen a impartir una justicia “alineada’’.
¿Qué necesidad?
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Por cierto, 300 investigadores e investigadoras se solidarizaron con Graue y Macedo, pero hasta ayer, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, había guardado un vergonzoso silencio, como si el conflicto fuera personal y no uno que comenzó a partir de las obligaciones de la institución.
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Sobre el tema de la elección del nuevo poder judicial, la exconsejera del INE, Adriana Favela, renunció como secretaria Técnica de Igualdad e Inclusión del Tribunal electoral para competir por un lugar como magistrada en el mismo organismo.
Favela se la juega pues a pesar de su amplio conocimiento del ámbito jurídico -electoral, sabe que la cancha no es pareja.
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El fiscal de Morelos, Edgar Maldonado, anunció que la dependencia protegerá los derechos de la víctima en el caso Cuauhtémoc Blanco.
Para tal fin, el pasado 21 de este mes, ordenó a las Visitadurías General y de Asuntos Internos continuar con las investigaciones sobre la denuncia de la media hermana del exgobernador.
Maldonado se comprometió a informar los avances de la investigación, que se hará nuevamente si los vicios que presentó la carpeta iniciada por el exfiscal Uriel Carmona, que se convirtió en un regalazo para el Cuau.
@adriantrejo
