El gobierno de Hidalgo se enfrentará a una crisis social en la muy castigada ciudad de Tula, cuando el primer día de febrero, a 2 mil 812 trabajadores de la planta cementera de la Cruz Azul les suspendan sus pagos debido a un conflicto legal que lleva años sin resolverse.
Los integrantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa de la Cruz Azul, enviaron ayer una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Julio Menchaca y otras autoridades locales, en la que comunicaban la decisión de dejar de pagar a ese número de trabajadores.
“A partir del primero de febrero, la Cooperativa se verá en la necesidad de suspender el pago a 2 mil 812 trabajadores que no han podido acceder a sus centros de trabajo en la planta ubicada en la ciudad de Tula de Allende’’.
La Cooperativa cementera habría dispensado, en los últimos años, una cantidad superior a los 3,000 millones de pesos por concepto del pago ininterrumpido de su base trabajadora en Tula, luego de la toma ilegal de dicha unidad industrial por un grupo de personas afines al ex-directivo, prófugo de la justicia, Guillermo “Billy” Álvarez.
Esta situación, además de provocar que los legítimos trabajadores no pudieran ingresar al inmueble, colocó a la empresa bajo una fuerte presión financiera y generó un sensible deterioro de la seguridad de la región.
La carta, firmada por firmada por todos los integrantes de los consejos de Administración y de Vigilancia, presididos respectivamente por Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, acusa que “las órdenes de aprehensión, en contra de responsables del quebranto y mal manejo de nuestra cooperativa, no han sido ejecutadas por la falta de colaboración del estado de Hidalgo para recuperar la legalidad, lo que provoca el alargamiento del conflicto y la imposibilidad de que se siga pagando indebidamente a quienes no laboran’’.
Si ya de por sí, los habitantes de esa ciudad no están nada contentos luego de que hace unos años el Gobierno federal decidiera inundarlos, el conflicto que se viene con esta determinación será épico.
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Hablando de Tula, hace unos días la presidenta Sheinbaum se comprometió a sustituir por gas el combustóleo que utiliza la refinería de Tula, lo cual fue muy aplaudido.
Nomás que pasados los días, hasta sus más cercanos colaboradores comenzaron a preguntarse de dónde saldrá el gas, si, primero, en el 70% del que se consume en el país es importado y además no hay gasoducto para Tula.
Ni modo que Marcelo Ebrard vaya de nuevo a comprar pipas cuyo destino ahora pocos conocen (el de las pipas, no el de Ebrard).
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Aplaudida y festejada como un logro más para la “clase trabajadora’’, la reforma constitucional al artículo 123 en materia de salarios mínimos profesionales está olvidado por ahí, en una caja de cartón de la Presidencia.
En el periodo de sesiones anterior, se aprobó una modificación a los mínimos “profesionales’’, que solo beneficiaban a los policías, a los militares, a los maestros y a médicos y enfermeras.
La modificación establece que ninguno de los trabajadores arriba citados, pueden ganar menos de 16,000 pesos mensuales, lo que está muy bien.
Hubo dos “trampas’’: en el caso de los maestros, solo aplica para los de “jornada completa’’, que son los de secundaria y, segundo, lo más importante, no se calculó el impacto presupuestal de la medida.
Tan es así, que, pese a que la mayoría de los Congresos locales ya la avalaron, hace meses, no se ha hecho la declaración de constitucionalidad por lo tanto, no se puede aplicar.
No money, pues.
@adriantrejo
