La caravana de pobladores que huyen de la violencia en Jerez, Zacatecas, escoltados por el Ejército mexicano, es la confirmación de la derrota de la estrategia de seguridad en el país.

No eran palestinos, ni afganos o sirios; eran (son) mexicanos que decidieron abandonar sus pocas posesiones -ganado, casas, muebles- para evitar ser víctimas de la violencia.

Ni el Gobierno del estado, encabezado por David Monreal, ni la Federación, a pesar de haber enviado miles de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, han podido contener los crímenes contra ciudadanos comunes.

A pesar de que en la estadística oficial se habla de una reducción de homicidios dolosos -casi 200 menos de diciembre del año pasado a enero de este año-, la realidad es la que muestra la caravana de zacatecanos.

Lo grave del asunto es que sea el propio Ejército quien la escoltaba cuando la función que le otorgó el presidente López Obrador es precisamente combatir a la delincuencia organizada.
Lo de Zacatecas fue visible porque hubo quien lo filmara.

Pero hay testimonios de que esas caravanas ya se han visto lo mismo en Guerrero que en Michoacán, en cuyos territorios la delincuencia organizada ha sustituido a las autoridades legalmente establecidas en varios municipios.

¿Qué hará Monreal ante la evidencia del fracaso de la estrategia? ¿Qué hará el Gobierno federal para garantizar que los mexicanos puedan vivir tranquilos en cualquier parte del país?

Alguna vez, un procurador general de la República, cuestionado sobre el avance de la delincuencia organizada en el país -por allá del lejano 2002-, nos dijo que el Estado jamás perdería una guerra contra los grupos delincuenciales.

“Es imposible, porque el Estado tiene más recursos económicos, tiene mejor armamento y personal capacitado’’, aseguró.

¿Por qué entonces comenzamos a ver pueblos abandonados por sus pobladores ante la amenaza de ser víctimas fatales de los grupos de narcotraficantes?

¿Por qué?

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En Michoacán está ocurriendo un enfrentamiento familiar entre la CNTE y el Gobierno estatal.

La disidencia magisterial, encabezada formalmente por Gamaliel Guzmán, pero realmente por el excandidato a gobernador Raúl Morón, que fue bajado de la contienda por el INE por no haber reportado correctamente sus gastos de campaña, no ha dejado respirar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El actual gobernador fue el suplemente de Morón; algo debieron negociar para que el dirigente de la CNTE aceptara sin chistar la sustitución.

Aparentemente Ramírez Bedolla no ha cumplido con esos acuerdos y, pese a que Morón ya no es formalmente el dirigente de la CNTE, es quien mueve los hilos en la disidencia magisterial michoacana.

Ayer Guzmán fue detenido por unas horas cuando intentaba instalar un campamento “indefinido’’ frente a palacio de Gobierno; unas horas después fue dejado en libertad.
Pero el tema no quedará ahí.

A ver cuánto aguanta el gobernador limitando las acciones beligerantes de los maestros, evidentemente con el apoyo del Gobierno federal.

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El vicepresidente para Latinoamérica de la compañía Baker Hughes, Bob Pérez, informó, luego de una reunión con el director de Pemex, que un despacho contratado por la firma que representa no encontró ningún conflicto de interés en la renta de la casa gris al hijo del presidente López Obrador.

El directivo informó que la compañía no gestionó la renta, que desconocía -por ser una propiedad privada que nunca estuvo ligada a BH- cualquier tipo de transacción y que el dueño de la casa había dejado de trabajar en 2019 con ellos.

Y para que quedara claro, Pemex le prestó sus instalaciones para ofrecer la conferencia de desmarque.

Pura cortesía mexicana, no vaya a pensar mal.

LEG