La gran pregunta que gira ahora en el ambiente político es ¿qué hará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ahora que el INE ratificó la multa de 197 millones de pesos a Morena?
Como sabe, el Consejo General del INE ratificó la multa de 197 millones de pesos impuesta al partido de López Obrador por haber creado un fideicomiso para supuestamente beneficiar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado y cuyos recursos terminaron en manos de operadores políticos de Morena.

El propio López Obrador dijo ayer que se trata de una “vil venganza’’ con la que se intenta “enlodar una acción humanitaria’’.
Una declaración duramente criticada porque no se trata ya del candidato, sino del futuro Presidente del que se esperaría un discurso cuidadoso con las instituciones.
El caso es que el INE documentó con videos y otras pruebas cómo es que Morena simuló el fideicomiso y cómo en una operación carrusel, varios operadores se formaron en fila para hacer depósitos en efectivo de 50 mil pesos, que días después fueron retirados en cheques girados a favor de empleados y aspirantes de Morena.

¿Qué hará el TEPJF ahora que López Obrador amenazó con recurrir a los tribunales –al único que puede acudir es al Federal Electoral-?

La pregunta no es ociosa.
Además de que el TEPJF ha tirado otras sanciones al INE –por ejemplo, la negativa del registro al Bronco para la votación presidencial, a pesar de las pruebas de que había falsificado firmas y credenciales de elector-, la visita que le hizo el miércoles una comitiva de Morena encabezada por Porfirio Muñoz Ledo a la presidenta del organismo no deja buen sabor de boca.
En principio, porque Janine Madeline Otálora recibió a Muñoz Ledo en calidad de no sabemos qué, quien le exigió adelantar la declaratoria de validez de la elección presidencial.
Luego de la reunión, en la que también participaron los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, Muñoz Ledo emitió un boletín, cuyo párrafo final dice que “la presidenta Otálora se comprometió con el colectivo (o sea él y sus cuates) a no esperar el límite legal -6 de septiembre del año en curso- y hacer todo lo posible para adelantar el fallo y realizar la declaratoria de Presidente electo a la brevedad posible’’.

¿Y la mentada autonomía?

Ya se verá ahora que los magistrados electorales fallen acerca de la elección en Puebla –que se ha judicializado-, como en el caso de la multa que tanto incomodó al futuro Presidente del país.
A ver si es cierto.

 

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Ni tiempo tuvieron de disfrutar sus nombramientos como secretarios generales adjuntos, nombrados por el fugaz liderazgo de René Juárez, cuando ya deberán entregar sus oficinas Manuel Cavazos, José Encarnación Alfaro y Enrique Martini Castillo.
La nueva dirigencia encabezada por Claudia Ruiz Massieu quiere pasar la escoba por todo el CEN de lo que queda del PRI, y los nombrados arriba no encajan en su alineación.
Así que a otra cosa.

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El domingo próximo, la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentará a su gabinete.
Y, sin duda, la atención estará puesta en los nombres que elija para hacer frente a la creciente inseguridad que azota a la capital del país.

Se dice que no ratificará a Raymundo Collins en la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que ha comenzado a cobrar fuerza el nombre de Javier González del Villar, quien se ha desempeñado como director de Asuntos Internos de la Policía capitalina y fue el primer fiscal de Extinción de Dominio de la PGJDF.