Con las descalificaciones que hizo ayer Claudia Sheinbaum a la Suprema Corte de Justicia que formalmente desaparecerá el último día de este mes, le tiró línea a los nuevos juzgadores de la nación.
Sheinbaum tomó como ejemplo la decisión de la Corte a favor de Lorenzo Córdova, para desacreditar a los magistrados que se opusieron a los designios de Andrés Manuel López Obrador.
"No resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos’’, dijo, “(como) la resolución sobre la deuda de pago de impuestos, pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdova en una llamada de teléfono, pero lo vamos a recordar” y ordenó que se transmitiera el audio en el que el expresidente del INE se refiere a un grupo indígena de Guanajuato que pedía participar en la elección en puerta.
"Ayer decide una Sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto, desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos, esta Corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo, y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo", manifestó.
Sheinbaum incluso dijo que la Consejería Jurídica de la Presidencia “analizaría’’ si hay un recurso legal para echar abajo la resolución de la Segunda Sala a favor de Córdova Vianello, cuando se supone que los fallos del Máximo Tribunal del país son inatacables.
Es decir, que no habría una instancia superior a la cual recurrir pero, siguiendo la máxima obradorista de que “no me vengan con que la ley es la ley’’, todo podría pasar.
Pero la línea tirada desde Palacio Nacional a la Corte que asumirá sus funciones el primer día de septiembre, lleva construyéndose años, desde que la Corte que se va decidió, primero, no avalar la reelección inconstitucional del ministro de la 4T, Arturo Zaldívar, y después con el rechazo de varias de las reformas obradoristas por errores de procedimiento y por inconstitucionalidad.
El hecho de que ahora los nuevos ministros se deban no a una carrera meritoria sino a la cercanía con el partido en el poder, de entrada les obliga a ir con la corriente de la Presidenta que ya fijó su posición respecto al litigio entre el Grupo Salinas y el SAT.
Si la Corte que se va tenía tantos defectos, quizá hubiera sido mejor corregirlos.
Ahora el país enfrenta la incertidumbre que representa un Tribunal a las órdenes del Ejecutivo, por más que se disfrace de “interés superior del pueblo’’.
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El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que la detención del presunto activista Luis García Villagrán, se debió a que se comprobó su participación con un grupo de polleros encargados de “orquestar caravanas’’ de indocumentados con destino Estados Unidos.
García Villagrán fue fundador del Centro de Dignificación Humana que, de acuerdo con información oficial, se encargaba de falsificar documentos para que los indocumentados que llegaban a Tapachula pudieran transitar por el país.
Hay mucho más de fondo en este caso que, si se investiga como es debido, podría llegar hasta funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a quienes los propios indocumentados señalan de extorsionadores.
Igualmente, deberían de investigarse otros casos de presuntos mecenas, algunos de sotana, que han convertido la dizque ayuda a los migrantes en un negocio y, en no pocos casos, en una plataforma política.
Usted sabe.
@adriantrejo