La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presumió ayer la publicación en el Diario Oficial de las reformas a la legislación electoral, entre ellas la inclusión de la “injerencia extranjera’’ como causal de la anulación de elecciones.

La reforma se hizo para empatar con el discurso presidencial, que ya tenía meses, sobre la supuesta injerencia tanto de países como de “organizaciones ultraderechistas’’.

Sin embargo, la reforma está coja y ciega, pues si bien se aprobó el cambio en la Constitución, falta aún su ley reglamentaria; ciega porque por más que se le insistió al partido en el poder y sus rémoras, se negaron sistemáticamente a incluir como causal de nulidad la injerencia de la delincuencia organizada.

No se trata de un asunto sin importancia, es más, ese tema era mucho más delicado de la injerencia extranjera pues la primera es fácilmente demostrable en tanto que la segunda quedará a discreción de los recompensados integrantes del Tribunal Electoral.

Desde las elecciones del 2012, la delincuencia organizada se descaró y actuó con total impunidad en el financiamiento de campañas políticas de presidentes municipales hasta gobernadores, pasando por diputados y se estima que algunos senadores, hasta la designación abierta de candidatos.

Quienes no quisieron hacerse a un lado fueron intimidados o liquidados.

En Morelos la iglesia católica reconoció que los presidentes municipales fueron impuestos por los grupos delincuenciales; el tiempo le dio la razón, como lo demuestra la detención del alcalde de Cuautla y otros servidores municipales a las órdenes de los cárteles de la droga y la extorsión.

En Sinaloa, el ejemplo más claro, el día de la elección para gobernador Los Chapitos secuestraron a cientos de representantes de casilla de partidos de oposición, cientos.

Fue un escándalo que ahora el Gobierno federal ignora como si no hubiera ocurrido.

La defensa de la soberanía no pasa solo por la prevención de la injerencia extranjera, sino por el combate a la injerencia de los cárteles que, paradójicamente, hacen su soberana voluntad en buena parte del territorio nacional.

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El caso de la disputa del emporio gasero Grupo Zeta, que lleva años en los tribunales, dio un giro de 180 grados.

El Juez Décimo de Control de Puente Grande, Jalisco, Gildardo Joel Landeros Parra, giró órdenes de aprehensión en contra de Georgina Aída Zaragoza López, Jesús Alonso Zaragoza López, Laura Helena Zaragoza Rey, Laura Elena Rey Ramírez, Sergio Adrián Zaragoza Rey, Jesús Alonso Zaragoza Rey, Roberto González Escalante, Eduardo Enrique Valenzuela Estrada, José Fernando Amaya García y Juan Francisco Moreno Arnold, por los delitos de fraude procesal y administración fraudulenta.

Ambos delitos se habrían cometido en contra de las empresas del Grupo Zeta, entre ellas THERMOGAS, EUROGAS, GAS LICUADO, MULTIGAS, todas sociedades anónimas.

Los ahora indiciados iniciaron una batalla legal para disputar la herencia que les repartió el fundador del Grupo Zeta, Miguel Zaragoza Fuentes.

En el 2023, se había firmado un acuerdo que ponía fin a la disputa legal, pero los arriba citados reabrieron un caso que ya era cosa juzgada para tratar de hacerse del control total de los activos del Grupo.

Las empresas que forman parte de esa batalla legal estuvieron bajo control de Jesús, Georgina y Alejandra Zaragoza López durante un breve periodo.

El tema es que el conflicto tomó otro rumbo.

Lo que durante años se presentó como una disputa familiar y patrimonial, empieza a tener implicaciones penales para algunos de sus protagonistas.

Y ya se sabe que cuando los expedientes judiciales cambian de ventanilla, las prioridades también cambian.

PD: Nos leemos el lunes.

 

     @adriantrejo