Dos casos emblemáticos que fueron bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña se encuentran, literalmente, en el limbo.

Se trata de los casos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el rescate de los 64 cuerpos de los mineros fallecidos en el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos.

A punto de cumplirse siete años, el domingo próximo, de los eventos en los que desaparecieron los 43 normalistas, el Gobierno mexicano, que nombró a Omar Gómez como fiscal especial del caso, no tiene avances distintos a los dejados por el exprocurador Jesús Murillo Karam.

La investigación de Murillo fue ensuciada por la tortura que se aplicó a varios de los sospechosos detenidos; estas torturas son la causa de que se haya girado una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República.

Al parecer, Gómez ha privilegiado la persecución de los encargados de la primera investigación, pero no ha logrado modificar sustancialmente la hipótesis de que los normalistas fueron incinerados y sus cenizas tiradas al río.

Ese es el fundamento de la “verdad histórica’’ de Murillo que persiste, sin que Gómez o el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, hayan podido darle un giro.

El Presidente se comprometió a devolver a las familias a los jóvenes desaparecidos, esa fue la promesa, pero al paso que lleva la investigación eso es una quimera.

Sobre el caso de Pasta de Conchos, también el presidente López Obrador se comprometió con las viudas a rescatar los cuerpos de los 65 mineros sepultados por una explosión en la mina 8 del complejo Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006.

El rescate fue encargado a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a Manuel Bartlett, quien informó que para el plan se invertirán 17 millones 165,000 dólares, presupuesto que se puede incrementar “según las necesidades’’.

Estos recursos se suman a los 3.7 millones de pesos que recibieron las viudas o familiares de los 65 mineros muertos.

Nada se sabe del avance de los trabajos de rescate; incluso los más optimistas dentro del Gobierno consideran que, si se llegara exactamente al lugar del derrumbe, por el tiempo que ha transcurrido y por la composición del suelo y los gases en el ambiente, es casi imposible encontrar un cadáver.

Pero fueron dos promesas presidenciales que las familias de los desaparecidos, en los dos casos, no están dispuestas a olvidar.

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La novedad en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, fue el arropamiento que le dio todo el gabinete de seguridad.

Y todo es todo.

Ahí estuvieron el secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el jefe de la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación, bueno, hasta el jefe de jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Gobernación, Santiago Nieto, que forma parte ya del gabinetazo de seguridad.

Tal despliegue no se había visto en comparecencias de funcionarios en el mismo cargo.

Lo que se dijo durante la comparecencia no fue sino la repetición, como mantra, de la política fijada por López Obrador para combatir la inseguridad: que el Gobierno no quiere ganar la guerra sino la paz, lo que ello signifique.

Desde luego que la frase le es insuficiente a las decenas de miles de ciudadanos acosados por la delincuencia organizada en buena parte del país.

LEG