El blandengue liderazgo que tiene Hugo Aguilar como ministro presidente de la Corte del Bienestar, fue exhibido por Lenia Batres quien, en contra de las reglas del propio Tribunal, impuso su decisión.

La Corte había rechazado, por unanimidad, la posibilidad de que se reabrieran casos juzgados por las dos Salas del Tribunal, que existieron antes de la llegada de los nuevos ministros.

Pero después vino una votación para discutir si se eliminaba el párrafo 52 de la ponencia de Batres, con el que se matizaba el rechazo a reabrir casos juzgados.

El párrafo mencionado refería que “este pronunciamiento (o sea el rechazo a reabrir la cosa juzgada) no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de esta SCJN pudiera adoptar en torno a la cosa juzgada fraudulenta…’’.

Seis de los nueve ministros votaron a favor de eliminar ese párrafo pues de facto se estará dejando abierta la posibilidad de que, en determinados casos, se pudieran reabrir expedientes juzgados.

Batres dijo que no y acusó “un trato diferenciado’’ hacia su persona, a pesar de las explicaciones documentadas de otros ministros, entre ellos Yasmín Esquivel, que trataron de hacerle entender que el tema había sido votado por mayoría y que se tenía que respetar esa disposición.

Pero, ahí entró el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien en lugar de respaldar las opciones de los ministros que votaron en contra y que con el reglamento en la mano explicaban por qué no podía haber un voto en particular sobre el tema, propuso devolver el tema a la propia Batres, mantener el párrafo cuestionado en la versión final de la sentencia pero, eso sí, aclarando que la mayoría votó por suprimirlo.

¿Qué alcances jurídicos podría tener esa decisión tomada por Aguilar para no contradecir a Batres? ¿Por qué el ministro no aceptó la decisión mayoritaria cuando claramente tenía que haberse suprimido ese párrafo?

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero hace no mucho por lo menos había orden en la Corte.

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El académico colombiano Leonardo Ariel Escobar, quien estuvo desaparecido por dos semanas, ofreció ayer su versión sobre lo que pasó desde su llegada al aeropuerto de Monterrey.

Dijo que llegó el 2 de enero en una escala antes de tomar el vuelo de regreso a la CDMX; que la escala duraría tres horas pero que fue detenido (no explica por qué) por la Guardia Nacional cuyo personal lo golpeó y fracturó tres costillas y llevado al penal de Apodaca en donde estuvo tres días.

Salió y quiso llegar al aeropuerto en donde “de alguna forma fui despojado de mis pertenencias’’; le negaron el acceso al aeropuerto lo que lo obligó a permanecer cuatro días “sin comer ni beber agua’’ hasta que fue rescatado por una “patrulla’’ de un anexo que lo llevó a sus instalaciones en el municipio de Juárez.

La historia está totalmente llena de inconsistencias.

No sabe cómo lo robaron ni explica cómo pudo sobrevivir 4 días sin comer ni tomar agua; no explica cómo es que ya en el anexo no pidió comunicarse con su familia o su trabajo; no explica por qué en los 10 días que estuvo anexado “no habló una palabra’’ y por qué todo el tiempo se dijo “desorientado’’.

Bastantes lagunas que deberían ser aclaradas, nomás para no generar más psicosis.

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El canciller Juan Ramón de la Fuente tiene un grave problema que aclarar: ¿por qué una ciudadana cubana -que estuvo casada con un embajador mexicano-, Martha Susana Peón Sánchez, sigue siendo representante mexicana en Honduras a pesar de no haber nacido en México ni tener una licenciatura como exige la Ley del Servicio Exterior Mexicano?

 

       @adriantrejo