Pasado el susto mensual de los aranceles, el país y su gobierno tendrán ahora tiempo para dedicarse a los temas de seguridad pendientes, entre ellos el caso no resuelto de Teuchitlán.
Esta discusión no ha terminado, por más que desde el gobierno se quiera imponer la narrativa que cambia el escenario de un centro de exterminio, como originalmente se presentó, a un centro de adiestramiento.
En efecto, ahí se adiestraba o pretendía adiestrar a los jóvenes, hombre y mujeres, llevados al rancho Izaguirre con el pretexto de empleos en empresas de “seguridad privada’’.
Quienes se resistían eran torturados y ejecutados.
La discusión no debe ser semántica, porque al final de cuentas, como reconoció el propio Omar García Harfuch, sí hay pruebas de que en el lugar hubo ejecuciones.
¿Cuántas?
No lo sabemos y es probable que nunca lo sepamos, no solo porque el escenario del crimen fue alterado voluntaria o involuntariamente, sino porque los métodos de desaparición de cadáveres de la delincuencia organizada, cada vez son más sofisticados.
El caso de Ayotzinapa es el más claro ejemplo; diez años y medio después nadie sabe en dónde están los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos.
Algo, sin embargo, debieron pasar por alto los delincuentes en ese rancho.
No hay crimen perfecto, dicen, y comprobarlo caerá en la responsabilidad del fiscal Alejandro Gertz Manero y del propio García Harfuch, respaldados por un aparato que compren a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional.
Ningún secretario de Seguridad había tenido el respaldo que tiene hoy García Harfuch.
La Presidenta confía plenamente en él no solo por la vieja relación de amistad que mantienen sino porque el funcionario arroja buenos resultados en los seis meses y días que lleva como encargado de la política de seguridad del país.
Teuchitlán sigue siendo una herida abierta, como lo fue en su momento Ayotzinapa o Aguas Blancas, aunque por distintos motivos.
Salvado el tema de los aranceles unilaterales, lo que sigue atender es el tema de la seguridad y la relación entre funcionarios de todos los niveles y la delincuencia organizada que han permitido horrores como Teuchitlán y otros que seguirán apareciendo.
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Dicen que más vale tarde que nunca, pero por fin el Consejo Universitario, el máximo órgano de decisión en la UNAM, presentó antier una respuesta pública en respaldo del exrector Enrique Graue y el director de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla.
Ambos fueron encontrados culpables de haber causado daño moral a la hoy ministra Yasmín Esquivel y a su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz.
La jueza Flor de María Hernández Mijangos los condenó al pago de 15 millones de pesos a cada una, luego de que Esquivel y Rodríguez acusaran un daño moral por el hecho de que Graue y Macedo, en su calidad de funcionarios universitarios, ordenaron la investigación sobre el plagio de la tesis de la hoy ministra.
El Consejo Universitario manifestó “su profunda indignación’’ por esta sentencia, que ya fue impugnada, y la consideró una intromisión en la autonomía de la propia casa de estudios.
Sí hacía falta que la UNAM respaldara a sus funcionarios pues las investigaciones que se ordenaron sobre la tesis de Esquivel, no lo hicieron de mutuo propio, sino porque así lo ordena la reglamentación interna.
El caso no ha terminado.
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El escritor e investigador Guillermo Sheridan, descubrió que la jueza Hernández Mijangos había plagiado, para su tesis de licenciatura, párrafos completos de la obra de Ignacio Burgoa Orihuela.
Nomás como dato.
@adriantrejo
