Omar García Harfuch informó que José Gregorio Lastra Hermida, “El Lastra’’, confesó que en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, eran asesinados los jóvenes que con engaños habían sido llevados a ese lugar.
Quienes se rebelaban o trataban de escapar de ese infierno eran torturados y luego asesinados, informó el secretario de Seguridad.
Aunque el funcionario no dijo cuántos asesinatos se habían cometido en ese lugar y quizá nunca se sepa si fueron 10 o 300, el hecho de que se haya confirmado que en el lugar sí se cometieron las atrocidades que denunciaron grupos civiles, golpea la narrativa que desde el propio gobierno se había querido imponer: sólo son zapatos.
Esos zapatos pertenecieron a jóvenes que se rebelaron, trataron de escapar o simplemente sí accedieron, por las causas que fueran, a formar parte del grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
No hay necesidad de seguir alentando el debate por el lado de que los “reporteros’’ que fueron al rancho “no vieron hornos crematorios’’ ni nada parecido.
¿Pues qué esperaban?
Contradictorio que el secretario de Seguridad confirme que en el lugar hubo muertos y torturados y por el otro lado, la presidencia le dio voz a supuestos periodistas que contradecían lo que anunciaba García Harfuch.
Eso es algo que tendrá que resolver la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo novedoso es que se confirmó que en ese lugar sí hubo una matanza de jóvenes hombres y mujeres que no quisieron formar parte del crimen organizado y pagaron con sus vidas esa decisión.
Lo demás corresponde a las autoridades: quiénes los cómplices y hasta qué nivel permeo la corrupción, sin la cual un campamento de reclutamiento y/o adiestramiento de ese tamaño pudo pasar desapercibido.
Esos zapatos y mochilas sí tuvieron dueños.
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La prohibición de hacer campañas abiertas que tienen los candidatos a los 881 cargos del poder judicial en disputa, conceden una amplia ventaja a quienes tienen el respaldo de grupos políticos, en los partidos políticos y hasta en las universidades.
Sucede que los aspirantes al nuevo poder judicial del bienestar sólo podrán hacer campaña en redes sociales o acudir a eventos “por invitación’’, para hablar de las ventajas del proceso pero sin pedir el voto a su favor.
Quienes no tengan los contactos suficientes para ser convocados por universidades, organismos públicos, empresariales, sindicatos, barras de abogados, etcétera, se verán en desventaja en contra de quienes sí tienen los contactos suficientes para una exposición mayor.
Así que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, tendrán que inventarse invitaciones aunque sea a bodas, bautizos o 15 años, para hacerse notar ante el electorado que sigue sin conocer, salvo dos o tres nombres, a quienes se encargarán de impartir justicia a partir del primer día de septiembre.
¿Sabe quiénes tienen esa ventaja?
Exacto.
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Los ojos de medio país estarán puestos en lo que suceda hoy en la Cámara de Diputados, en cuyo pleno se decidirá si se aprueba o no el dictamen que rechazaba el inicio del juicio de procedencia en contra de Cuauhtémoc Blanco.
El interés radica en el hecho de que hasta ayer, parecía que el grupo de legisladoras morenistas habían logrado el apoyo incluso de legisladores de su propio partido.
Sumados los legisladores de oposición, parecería inevitable que el generoso dictamen de la Sección Instructora que rechazó iniciar el procedimiento por inconsistencias en la carpeta de investigación, será rechazado para que dicha Sección elabore uno nuevo en sentido contrario.
Es decir, que la suerte del Cuau podría cambiar a partir de hoy.
@adriantrejo
