La premisa del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, de tener un tribunal superior “más cercano a la gente’’ parece que cambió al de tener a la Corte “en boca de toda la gente’’.

Nada más no se explica el por qué el ministro presidente revivió un tema al que ya se había referido en 2019, sin mayor impacto, que fue el de la presuntas (o reales) presiones ejercidas por el Gobierno de Felipe Calderón para “proteger a la familia de Margarita Zavala’’, en el caso de la investigación de las causas del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo.

El ministro, siempre formal, asumió que su pecho no es bodega (¿les suena?) y aseguró que cuando redactaba el proyecto de resolución sobre el caso del incendio en la guardería fue presionado por el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont.

Solo que le faltó precisar bien a bien qué fue lo que no quería el presidente Calderón que contuviera el proyecto, que por cierto fue rechazado con una votación de 8 en contra y tres a favor.

El proyecto que fue discutido y votado contemplaba fincar responsabilidades penales al entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, al presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou y a los directores del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, que dirigía al Instituto en el momento del incendio, y a su sucesor Daniel Karam Toumeh.

Además de otros funcionarios con mediana responsabilidad tanto en los gobiernos estatal y municipal como en el propio IMSS.

En el proyecto redactado por Zaldívar, de 370 páginas, la prima de Zavala, María Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, sí figura en la investigación, pero su nombre no aparece entre los responsables a quienes el ministro señalaba responsabilidad en el siniestro que costó la vida de 49 niños.

¿A esa presión se refería? ¿O hubo algo más que su proyectó no incluyó y pudo cambiar la resolución final que se le dio al caso?

¿Qué será, qué será?

****

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) está dando la batalla para evitar que entre en vigor una resolución judicial que pone en jaque la libertad de expresión.

Se trata de la orden para que los noticieros de radio y tv distingan cuando se trata de información y cuando es una opinión, lo que de suyo es un intento de censura disfrazado de protección al derecho de las audiencias.

Los radioescuchas y televidentes tienen suficiente criterio para distinguir cuándo es información y cuándo se trata de una opinión del conductor.

La protección a la audiencia tiene que ver con el derecho de escuchar o ver a quien quiera, a quien comparta su visión del mundo, más que con querer regular desde el Gobierno a los medios de comunicación.

Eso solo pasa en regímenes totalitarios, en donde el Gobierno (o el Estado) creen que deben ordenar a la ciudadanía qué ver y oír, no vaya a ser que se les esté engañando.

Las audiencias, por si no se han dado cuenta, ya maduraron.

****

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en el Senado en una reunión con coordinadores parlamentarios encabezados por Ricardo Monreal.

Ebrard se comprometió a comparecer ante el Senado para hablar del tema de Ucrania y sus implicaciones en el país.

Al terminar la reunión, Ebrard y Monreal posaron con otros senadores, entre ellos la priista Claudia Ruiz Massieu, no fueran a creer que solo se habían reunido los dos presidenciables a complotar.

No vaya siendo…

LEG