¿Cuántos Teuchitlanes habrá en todo el territorio nacional?
El descubrimiento de ese centro llamado correctamente “de exterminio’’, es quizá sólo uno de los muchos que habrá en el país, sobre todo en los territorios donde gobierna el crimen organizado.
Quizá una buena pista para que las autoridades comiencen a investigar en serio sea el número de desapariciones por entidad federativa, por municipio y después por colonia o ranchería.
Desde el 2017 existe una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Esta Comisión a su vez creó un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas encargado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
¿De qué han servido? Es una gran pregunta.
La mayoría de los descubrimientos de fosas y crematorios clandestinos han sido realizados por las organizaciones de madres y padres buscadores, como fue el caso de Teuchitlán y el rancho Izaguirre, que había sido cateado anteriormente por policías estatales y federales.
Estas organizaciones civiles han pagado, con vidas, sus esfuerzos por descubrir la verdad, por conocer qué pasó con sus familiares, por buscar cerrar un doloroso capítulo de su existencia.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en su informe correspondiente al 2024, cinco estados, Jalisco en primer lugar, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, concentran en su conjunto el 48% del total de las desapariciones forzadas en el país.
El Instituto contabilizó, hasta enero de este año, un total de 121,582 personas desaparecidas y no localizadas; en el 2024, este delito tuvo un aumento del 6.3 por ciento.
Justo cuando la narrativa de la 4T se esfuerza por fincar la idea de que el de México no es un narcogobierno, aparece el horror de Teuchitlán, que sospechosamente pasó desapercibido para las autoridades locales, estatales y federales.
No, no faltan 400.
Son muchos más.
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La ministra Lenia Batres Guadarrama hizo un berrinche monumental porque cuatro ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le informaron que legalmente estaba impedida para conocer el amparo 492/2023 interpuesto por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
La razón del impedimento se debió a que Batres Guadarrama, en sus redes sociales, ha publicado mensajes de descalificación y hasta insultos (qué raro) en contra del CEO de Grupo Salinas.
Los ministros que votaron porque Batres se excusara de conocer el recurso legal, justificaron la decisión, avalada por la Suprema Corte de Justicia, porque la ministra reiteradamente uso calificativos “y connotaciones despectivas’’ hacia el quejoso por lo que se concluyó que Batres no garantizaba la imparcialidad que exige la aplicación de la justicia.
Desde luego que Batres, fiel al estilo familiar, no dejó pasar la oportunidad para acusar “complicidad y sometimiento’’ de los jueces de la Segunda Sala, a pesar que la justificación legal para excluirla del debate de ese amparo, estaba perfectamente fundada.
Dio portazo y se fue, evitando que se discutieran los otros 35 temas pendientes.
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¡Qué chistoso resultó Salomón Jara!
Hace dos semanas negaba que su gobierno hubiera gastado 12.7 millones de pesos en la contratación del cantante Julión Álvarez, y hace unos días reconoció que sí se había gastado esa cantidad.
“Pero recuperamos 9 millones’’, dijo.
Ah, bueno.
Sirva lo anterior para evidenciar el doble discurso de este connotado morenista, quien a la primera acusación de haber gastado 12.7 millones en el evento de referencia, acusó “una campaña de los conservadores, de los prianistas’’ por descarrilar su gobierno.
Parece ser el único que no se da cuenta del desastre que es la entidad en materia de seguridad.
@adriantrejo
