Un muy extraño suceso fue denunciado desde la noche del sábado en redes sociales, principalmente Twitter.

Aparentemente, un batallón del Ejército mexicano habría derribado una avioneta con presunta droga, en un paraje llamado San Javier, en Ocosingo, Chiapas.

Una docena de militares fue retenida por pobladores del paraje; fueron desarmados, desnudados, arrodillados y obligados a grabar un video en el que piden a “mi general’’, que devuelva los “seis bultos que se llevaron’’ -otra unidad militar- para que los suelten o serán quemados vivos.

En el video grabado todavía se escucha que uno de los secuestradores grita: ¡tienen tres horas!

En pocas palabras, lo que proponen quienes retienen a los militares es un intercambio: la presunta droga decomisada a cambio de la vida de los soldados que cumplieron con su deber.

La Secretaría de la Defensa Nacional no se había pronunciado sobre los hechos hasta el cierre de esta edición.

Ni siquiera para desmentir la eventual falsedad del video, que ciertamente no parece actuado a juzgar por las caras de angustia de los soldados retenidos.

Quizá se pudiera entender el silencio de los mandos militares pues es un caso en el que, sea cual fuere la decisión, quedarán mal.

Si ceden a la petición de “regresar los seis bultos’’ que reclaman los secuestradores, habrán reconocido implícitamente el poder de los grupos de la delincuencia organizada sobre las corporaciones de seguridad pública.

Evidenciarán también el fracaso absoluto de la política de abrazos y no balazos.

Pero si no lo hacen podrían perder la vida los soldados que solo cumplían con su deber.

El rescate de los militares tendría que ser una operación quirúrgica que debe aprobar su comandante en jefe, o sea el Presidente de la República.

Entrada la noche del domingo, no había información oficial ni sobre el derribo de la avioneta, sobre los seis bultos que reclaman los secuestradores ni mucho menos del estado físico de los soldados retenidos.

Y, como este es “el Gobierno más transparente’’ de la historia del país, como que ya se están tardando en informar a la sociedad qué es lo que está pasando en Ocosingo.

A menos que sigan celebrando a Maradona y el Che.

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Solo 2% de la población mexicana utiliza la aviación como medio de transporte regular; el resto prefiere la carretera.

Y pese a este dato oficial, el Gobierno de la 4T se empeña en golpear a la industria aérea nacional promoviendo una iniciativa que permitirá que las líneas internacionales que llegan al país puedan hacer vuelos domésticos.

Sería el único país interesado en quebrar a sus empresas aéreas.

Eso y la amenaza de crear una aerolínea manejada por militares, constituyen una decisión sin sentido.

Claro, a menos que sea una medida de presión, como se ha dicho, para obligar a las líneas nacionales a utilizar ese mausoleo llamado AIFA.

En el tema de la línea aérea militar, será subsidiada, lo que pone en desventaja a las aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús.

Y eso de que la línea de la 4T volará a lugares en donde no vuelan las otras, suena más a sueño guajiro que a realidad, pues se requeriría la construcción de decenas de nuevos aeropuertos y, claro, una investigación de mercado para determinar su viabilidad económica pues, si las líneas tradicionales no vuelan a ciertas rutas, es porque no hay demanda y no son rentables.

Al parecer, al Gobierno le vale.

LEG