El presidente Andrés Manuel López Obrador terminará su gestión sin haber cumplido una de sus principales promesas de campaña: encontrar y devolver con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014.

 

López Obrador, que se autonombró encargado de la investigación, se reunió ayer con los padres de los desaparecidos para informarles “los avances’’, que en realidad fue un resumen de todo lo que se ha dicho.

 

No se ha modificado la verdad histórica, la misma que tiene sujeto a proceso penal al exprocurador Jesús Murillo Karam, porque al final de cuentas la versión sigue siendo, en lo más profundo, la misma: los secuestraron, los asesinaron y los desaparecieron.

 

Si acaso, en el sexenio se agregó la participación de algunos miembros del Ejército adscritos al batallón con sede en Iguala, pero la mayoría de ellos siguen su proceso en libertad.

 

Por lo demás, el gobierno falló en encontrar los restos -ni se diga de la promesa demagógica y hasta ofensiva de encontrarlos vivos-, y en llevar ante la justicia a los responsables de la masacre.

 

El asunto será una herencia maldita para Claudia Sheinbaum, quien ayer se comprometió con los padres de los 43 a mantener la investigación, “a seguir trabajando juntos’’.

 

La presidenta electa y los representantes de los padres de los normalistas acordaron que buscarán “un método de trabajo que nos permita lo que ellos están pidiendo que es verdad, justicia y dónde están’’, dijo.

 

Como sea, ya casi se cumplen diez años del trágico evento y la única certeza es que nadie sabe en dónde están los normalistas (o sus restos), pese a tantas promesas de justicia.

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Culiacán, la capital de Sinaloa, vive una calma chicha, de esas que anticipan la llegada de un huracán en cualquier momento.

 

Los ciudadanos están tomando sus precauciones y no es para menos.

 

Unidades del Ejército Mexicano y de la Marina han montado puestos de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad a la que han arribado 300 militares en los últimos días, algunos de ellos de alto rango.

 

Y como todo suele suceder los jueves, por alguna razón, en Culiacán, habrá que esperar la fecha en cuestión para conocer cuál grupo (los mayos o los chapitos), sueltan el primer bazucazo.

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Por cierto, en un adelanto de lo que está por ocurrir, el domingo pasado fue vandalizado el mausoleo en el que reposaban los restos del padre y el hermano de Dámaso López Núñez, “El Licenciado’’, operador del Cártel de Sinaloa.

 

Los cadáveres de los familiares del “Licenciado’’ fueron extraídos de sus tumbas y se desconoce su paradero.

 

Parecería un hecho aislado, pero no es así.

 

Es apenas el comienzo del ajuste de cuentas entre el grupo.

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La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) lanzó un grito de auxilio a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para encontrar un mecanismo en contra de la extorsión sistemática que padecen.

 

De acuerdo con la ANPEC, los pequeños comercios generan 2 millones de autoempleos que son el sostén de 5 millones de familias.

 

Aportan el 3% del PIB, pero desde hace años sufren la sangría que les representa pagar cuotas a la delincuencia organizada para no ser asaltados o, en el peor de los casos, asesinados.

Y es que no hay negocio, en la capital y su periferia y en otros estados del país, en el que la delincuencia no se haya cebado: desde tortillerías hasta boleros.

 

A ver si voltean a verlos.

 

     @adriantrejo