De los creadores del “a mi que no vengan con que la ley es la ley’’, surge ahora un nuevo apotegma universal: “Ningún órgano administrativo (como el INE) puede ser del todo autónomo, pero sí independiente de sus decisiones’’.

El autor de tan prominente frase, inscrita ya en los libros de texto, fue el encargado de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez.

No se necesita ser experto para reconocer que la frase del otrora luchador social no fue una imprecisión semántica o una frase al vuelo.

Se trata de una definición política que abre una grieta que el propio gobierno había intentado mantener cerrada.

No es una diferencia menor.

En el diseño constitucional mexicano, la autonomía no es un adorno retórico: es una condición estructural que significa capacidad jurídica, presupuestal, técnica y decisoria sin subordinación a ninguno de los poderes del Estado.

La independencia, en cambio, puede existir incluso dentro de esquemas de dependencia administrativa, financiera o normativa; es una cualidad del criterio; la autonomía es una cualidad del diseño.

Cuando Gómez sugiere que basta con la independencia, introduce —consciente o no— la idea de que el árbitro electoral puede seguir decidiendo “libremente” aun si se le recortan márgenes institucionales.

El problema es que la historia electoral mexicana se construyó precisamente sobre la desconfianza hacia ese supuesto: órganos que decían decidir sin instrucciones, pero operaban bajo controles políticos, presupuestales o jerárquicos.

La sorpresa no es sólo conceptual, es absolutamente política.

Porque la postura contrasta con lo que ha reiterado en varias ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum: que la autonomía del Instituto Nacional Electoral “no está en juego’’.

Su mensaje ha sido claro en el espacio público: la reforma electoral no busca desaparecer ni someter al INE, sino ajustarlo.

Más que una anécdota discursiva, lo dicho por Pablo Gómez revela que el debate de la reforma electoral no sólo será sobre costos, procedimientos o estructuras, sino sobre algo más profundo: si el Estado mexicano sigue apostando por árbitros autónomos o si considera suficiente que sean “independientes” bajo nuevas formas de control.

Y esa, por más que se intente suavizar, sí es una discusión de fondo.

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“¿Quedó descartada una intervención militar de Estados Unidos (en México)?’’, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia Mañanera, después de una llamada que tuvo con Donald Trump.

“Sí’’, respondió tajante.

Quisiéramos creer que así fue o así será, pero los acuerdos de hoy con Trump serán las amenazas de mañana.

Nada le garantiza a la Presidenta (ni al país) que Trump decida (cuando las encuestas no le favorezcan o cuando decida sembrar una distracción), recurrir a la amenaza militar.

Sheinbaum ya debe estar acostumbrada a los cambios de humor del mandatario estadounidense.

Se suponía que, luego de haber sellado la frontera sur mexicana para evitar la migración hacia el norte, el país recibiría mejor trato de sus vecinos.

Lo mismo cuando comenzaron a incrementarse los decomisos de droga, la destrucción de laboratorios clandestinos, o incluso cuando se le entregaron a manera de ofrenda varias docenas de capos, México habría hecho los méritos suficientes para ser tratado diferente.

Montado en su discurso de campaña, Trump ha arremetido en contra de los migrantes mexicanos con singular inquina, ha amenazado al Gobierno con aranceles a productos de exportación y blande como espada la posibilidad de no renegociar el tratado comercial trilateral.

Por eso el sí de Sheinbaum, siempre estará condicionado a los requerimientos políticos del vecino del norte, y eso no es nada bueno para el país.

 

     @adriantrejo