Desde que se conoció la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la oposición se cansó de declarar que el documento carecía de mecanismos que impidieran la llegada de candidatos ligados a la delincuencia organizada a puestos de elección popular.

Ayer, la Presidenta presentó una “iniciativa parche’’ para remendar la omisión que dejaba coja la reforma electoral.

Y no lo hizo por convicción, porque si así fuera, la habría presentado meses atrás.

Lo hizo por la presión que cada vez ejerce más la ciudadanía y, desde luego, en un porcentaje mayor por la presión que le representa al gobierno y a su partido la acusación de narcopolíticos de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, hecha por Estados Unidos.

El parche consiste en una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), con la que se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependerá del INE.

La iniciativa prevé que los partidos políticos entreguen voluntariamente a dicha Comisión la lista de los aspirantes a candidatos (gobernadores, presidentes municipales, regidores, senadores, diputados locales y federales).

La Comisión recibirá las listas y las consultará con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía General de la República, que analizarán y determinarán que “no exista riesgo” o que “exista riesgo razonable”.

Es decir, que la Comisión, que estará integrada por 5 consejeros electorales elegidos para un periodo de tres años, extenderá una constancia de que los candidatos no tienen relación con el narco.

Lo que está por definirse, porque no se explicó ayer, es la definición de “riesgo’’: ¿un familiar o amigo cercano condenado por narco? ¿Un candidato con antecedentes penales por cualquier delito? ¿Una persona bajo investigación por alguna denuncia ciudadana?

El PAN de plano consideró que, aunque la iniciativa tiene “buenas intenciones’’, le falta aterrizar más sobre la realidad que vive el país, pues las autoridades que deben investigar los antecedentes de los postulantes pertenecen al partido en el poder, lo que podría generar un sesgo en la información.

Como sea, ya se anunció esta iniciativa que busca aprobarse para que se aplique en el proceso electoral del 2027.

Hay, sin embargo, un detalle.

Ayer, la Comisión Permanente aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones que comenzará el día 26 para la discusión y en su caso la aprobación de la reforma constitucional para posponer hasta el 2028 la segunda parte de la elección judicial.

No se incluyó la discusión de la nueva iniciativa (que hasta ayer por la tarde no había llegado al Senado), por lo que, si se sigue el protocolo, debería convocarse a otro periodo extraordinario, a menos que, como ya ha sucedido, Morena ingrese por la puerta trasera la “iniciativa parche’’.

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En la carrera por figurar en las encuestas que (supuestamente) realizará Morena a partir del 22 de junio para elegir a sus candidatos a gobernadores, los aspirantes comienzan a exhibir músculo, es decir, a presumir sus logros como servidores públicos.

Es el caso de la presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga Romero, cuyo mayor activo político es la reducción de la delincuencia común en la capital del estado.

De acuerdo con cifras verificables, en La Paz se redujeron los robos a casa habitación, de vehículos, a negocios y a planteles educativos, lo que se refleja en la vida cotidiana de sus habitantes.

Quiroga creó una Unidad Táctica de Análisis Policial que coloca al municipio en línea con la estrategia nacional diseñada desde el Ejecutivo Federal.

 

    @adriantrejo