En este circo llamado la consulta de revocación, la orden de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al INE para que continúe con la organización del evento, conlleva también una trampa.

El INE había decidido aplazar la consulta por falta de presupuesto, pero las dos ministras que están de guardia en la Corte anularon el acuerdo y ordenaron al Instituto proseguir conforme a las fechas pactadas, con el presupuesto que se tiene.

Los consejeros electorales no tienen más que acatar la resolución de la Comisión de Receso, pero si lo hacen estarían violando la misma Ley de Revocación de Mandato.

Esta ley establece que, para la consulta, se deberá contar con la misma infraestructura que se utiliza en una elección presidencial.

Es decir, la colocación de 162,000 casillas en todo el país y la contratación de todo un ejército de funcionarios de casilla, capacitadores, alimentos y muchos otros etcéteras que el INE, con el presupuesto que tiene, no puede cumplir.

El INE cuenta con un presupuesto de 1,503 millones de pesos para la consulta; necesita otros 2,327 millones de pesos para cumplir cabalmente con lo que dispone la ley en la materia.

El costo total del capricho, perdón, del ejercicio ciudadano es de 3,800 millones de pesos.

El Instituto no cuenta ni con el 50% de esa cantidad, por lo que es de esperar que el número de casillas así como el personal que se contrate, de acuerdo al mandato de la Corte, sea proporcional a los recursos disponibles.

Falta aún que la propia Corte resuelva sobre la controversia interpuesta por el propio INE en contra del recorte de 4,913 millones de pesos que hicieron los diputados al presupuesto que solicitó.

La resolución de la Comisión de Receso es provisional en tanto no se resuelve el fondo de la controversia presentada por el INE que esperaría, como regalo de los Reyes Magos, que la Corte le diera la razón y ordenara que le entregaran los recursos recortados.

Pero eso todavía va para largo.

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Carlos Ahumada Kurtz volvió a ser noticia en México derivada de la orden de extradición aprobada por la justicia argentina, a petición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Los delitos que se le imputan tienen que ver con los contratos de obra que celebró con varias delegaciones, cuando el PRD gobernaba el entonces Distrito Federal.

Por donde se le vea, la petición huele a venganza.

No se sabe bien a bien cuáles son esos delitos ni si estos ya prescribieron.

Pero, mientras eso se aclara, Ahumada adelantó dos cosas: que impugnará en su país la orden de extradición y que, de continuar el Gobierno de la CDMX con lo que llamó “su persecución’’, romperá el pacto de silencio que según él acordó con un enviado del presidente López Obrador en octubre de 2017.

El rompimiento de ese acuerdo, dijo en entrevista radiofónica, provocará que revele información que tiene sobre Thalía Lagunes, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, de Reyna Basilio, exjefa de compras de Pemex y de Horacio Duarte, director general de Aduanas, que habría pasado a visitarlo a su oficina en sus tiempos de gloria.

Igual que Bejarano, por lo que dejó ver.

Ahumada, por si no lo recuerda, fue el responsable de los videoescándalos que provocaron la caída del entonces secretario particular de López Obrador y su grupo.

LEG