Human Rights Watch (HRW) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en el que el Gobierno mexicano sale reprobado.

De acuerdo con el reporte correspondiente al año 2021, “las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador’’.

La impunidad, precisa el documento, sigue siendo la norma.

HRW destaca, por ejemplo, que el Gobierno mexicano emplea a las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, “lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos’’.

Entre 2014 y 2019 -López Obrador asumió el Gobierno en diciembre de 2018-, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 3 mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.

También se destaca la práctica de la tortura contra detenidos antes de ser puestos a disposición del ministerio público, ya sea federal o local.

HRW precisa que la cantidad de investigaciones de casos de tortura por agentes del ministerio público ha aumentado en los últimos años tanto a nivel federal como estatal, de apenas 13 investigaciones en 2006 a más de 7 mil en 2019.

Esto, de acuerdo a un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

“En su análisis sobre México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU expresó preocupación porque pocos de estos casos dan lugar a un proceso penal’’, precisa.

Pero en donde la violación a los derechos humanos ha sido sistemática en este Gobierno es en el caso de periodistas y defensores de derechos humanos.

El reporte de HRW establece que periodistas y defensores de derechos humanos “especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de cárteles delictivos’’, han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y grupos delictivos.

De acuerdo con la CNDH, recoge el reporte, 24 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la presidencia. En 2019, periodistas registraron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones.

Respecto a los defensores de derechos humanos, HRW reporta que en 2019, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 20 asesinatos que, como ocurre con los periodistas los hechos de violencia casi nunca son investigados ni juzgados.

 

Mala fotografía para un Gobierno que se presume humanista.

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Al paso que va, la consulta sobre revocación de mandato tendrá que hacerse a mano alzada.

El Gobierno federal insiste en cargarle los muertos al INE mientras que el instituto se defiende como puede de la andanada de bots generada a partir de las homilías mañaneras.

El plan de austeridad que presentaron ayer la Secretaría de Hacienda y la de la Función Pública resultan hasta inocente.

Nomás faltó que les pidieran a los trabajadores del INE no pedir aguacate ni limón en sus comidas porque están muy caros.

Con todo y recomendación que se vio como orden, el INE entregó ayer su propuesta de ampliación presupuestal por 1,738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.

Y mientras le sueltan la jauría a Lorenzo Córdova y compañía, el Gobierno se niega a tocar o sugerir un recorte a los multimillonarios presupuestos de los partidos políticos.

¿Por qué no empiezan por ahí?

LEG