Además de otros períodos extraordinarios de sesiones que podría tener el Congreso de la Unión durante el presente receso, como el que se celebrará para el tema de la reforma educativa, la Cámara de Diputados habrá de llevar a cabo una sesión extraordinaria, en junio próximo, para sancionar el Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez en la historia del país y por disposición constitucional deberán aprobar los diputados de la LXIV legislatura.
Esto es así porque de acuerdo a la reforma constitucional de 2014, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto se recibió, también por disposición legal, el día último del mes de abril. Corresponderá, pues, a la actual Cámara baja implementar los procedimientos para su análisis y debate.
Me parece importante resaltar sobre este tema la necesidad de regresar al origen que les dio vida a la planeación gubernamental, no obstante de lo atropellado de la historia de los planes presentados en diferentes momentos por los titulares que ocuparon la primera magistratura de la nación.
Si bien fue en el período de Miguel de la Madrid cuando se realizaron las modificaciones a la Constitución y se creó la Ley de Planeación que hizo obligatorio que hubiera un Plan Nacional de Desarrollo, es en la presidencia de Lázaro Cárdenas donde encontramos su original punto de partida, al traducir su propuesta política de campaña en un Plan de Gobierno, como carta de ruta y definición de su administración y en donde estableció, entre otros puntos, la necesidad de reducir la dependencia del país respecto al mercado mundial.
El punto de referencia para el debate que me interesa resaltar es la vinculación de los compromisos de campaña con las acciones de Gobierno, pues finalmente fueron esas propuestas las que de una u otra manera orientaron el voto de los electores. Recordemos que la principal causa de decepción ciudadana hacia la política y los políticos es por el incumplimiento de las propuestas de campaña.
Con posterioridad al mandato del presidente Cárdenas, los planes gubernamentales se convirtieron en una mera formalidad que se debía cumplir, pero que en la vía de los hechos quedaban en el olvido en el mejor de los casos, sino que incumplidos casi todos ellos. De ahí que la inseguridad, el rezago y la pobreza que se prometía enfrentar no sólo no disminuyeron, sino que han tomado un camino de escalada.
En esta nueva ruta que nos marca la Constitución, y en donde no haya vencedores ni vencidos, se podría encontrar un lugar de encuentro y corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para dirigir los pasos al desarrollo económico y social que el país necesita, además de darle sentido a los Planes sexenales.
