Cambio de señal.
En 2019 Marcelo Ebrard inició una lucha contra las armerías de Estados Unidos porque muchos de sus productos van al trasiego y causan decenas de miles de muertos anualmente en México.
Alrededor de 70 por ciento de cuantos cruzan ilegalmente la frontera bilateral, según ha reconocido la ATF, agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de ese país.
Por ello se exigió una demanda millonaria -diez mil millones de dólares- cuyo destino se encuentra ahora bajo análisis en la Corte Suprema con un final difícilmente favorable para el solicitante.
El fallo se espera para marzo.
Washington asegura colaborar en esa cruzada anti armamentista, pero los datos no respaldan su dicho: entre 2018 y octubre pasado decomisó tres mil 603 armas, mientras de octubre a enero la administración de Claudia Sheinbaum confiscó la misma cifra.
El dato fue presentado en la Cámara de Diputados por el jalisciense Carlos Palacios, uno de los legisladores más cercanos a Ebrard, parte en la negociación y empeñado en llevar a buen fin este control.
PADRÓN Y CONTROL
Pero hay un cambio.
En lugar de seguir con el objetivo imposible de los diez mil millones de dólares de indemnización -y más en el gobierno de Donald Trump, quien tiene los poderes Legislativo y Judicial de su parte-, se busca una variable.
¿Cuál?
Acordar con Estados Unidos un padrón de enfoques múltiples: un listado de compradores de armas, exigir datos sobre el origen del dinero y supervisar el destino de esas mercancías, hoy disponibles con requisitos mínimos.
Complemento de ese registro será montar vigilancia extrema con distintas agencias a ambos lados de la frontera para evitar el paso de las armas con las cuales hoy, en cifras estimadas en 200 mil al año, se nutre el crimen organizado.
Tal vez este sea un fin alcanzable, pero las negociaciones apenas inician y, no olvidar, la National Rifle Association of America (NRA) es uno de los grandes patrocinadores políticos y electorales de Donald Trump.
LA BODA DEL 2025
Los López Obrador son noticia.
Por una parte, el hermano mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramiro López Obrador, deja la Secretaría de Gobierno de Tabasco con la peor crisis de seguridad del estado.
Por la otra, se ha montado un rígido anillo de secrecía en torno a la suntuosa boda del hijo menor del primer matrimonio del exmandatario, Gonzalo Alfonso López Beltrán.
Como adelantamos el 31 de enero, la ceremonia estaría muy controlada y fue más fácil documentar el uso de aviones oficiales del líder real de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.
El 31 de enero El Diario de Yucatán difundió la bitácora de la aeronave de la Guardia Nacional donde voló Andy en labores partidistas, pero también para recorrer el Resort Vidanta, donde se casó su hermano Gonzalo Alfonso el 1 de febrero.
Los datos son escuetos: poco más de 800 invitados -un asistente habló de mil-, todo elegante en el espacio de Cirque du Soleil, un costo estimado en 20 millones de pesos, sin presencia de papá Andrés Manuel López Obrador, sí otros familiares y pocos funcionarios públicos.
Se tendrían mayores detalles sólo si se vendieron los derechos a alguna revista del corazón.
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