En general no me voy a quejar de que haya un proceso para procurar justicia. Pero
que llegue al menos cuatro años después de que los delitos se cometieron, hace que la
sensación de justicia pronta y expedita se diluya.
La detención de funcionarios del Gobierno de Michoacán puede ser el inicio de una
buena noticia si se vuelve una práctica común y fundamentada en denuncias reales
que vengan de expedientes sólidos y que se logre una recuperación del dinero público
y un bloqueo a los sistemas de desvío de los recursos.
Esta semana se anunció la detención del exsecretario de Finanzas, Carlos
Maldonado; Antonio Bernal, exsecretario de seguridad pública; Elizabeth Villegas
Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y Mario
Delgado Murillo, delegado administrativo de la misma secretaría. Aún está pendiente
la detención de Silvano Aureoles presuntamente por contratar a sobreprecio la
construcción de los cuarteles de la Policía estatal.
La pregunta también aquí es: ese delito va a poder castigarse y, ¿después seguimos
con los más de 2 mil millones de pesos por recuperar o aclarar que se tienen en la
Auditoría Superior de la Federación?
¿También se podría revisar qué pasó con los 110 millones que siguen perdidos
después de que una empresa de limpieza no logró comprobar sus trabajos?
¿También vamos a lograr recuperar los casi 800 millones de pesos de las empresas
contratadas en servicios de salud que no comprobaron que cumplieron con los
servicios?
¿Qué haremos con los expedientes que se enviaron al laberinto administrativo y que
no han logrado comprobar que se hicieron los trabajos de los que se adjuntaron
reportes con datos dudosos de la ubicación, fotografías de trabajos que no se
pidieron?
Aunque me gustaría mucho celebrar un avance en las investigaciones, aquí voy a
hacer una distinción, detener funcionarios no es igual a hacer justicia. Tendremos
que ver cómo evoluciona el caso en la Fiscalía y si llegan a probarse todos los desvíos
y después a recuperar lo robado, quizá podemos hablar de justicia. Mientras todo es
un proceso, uno quizá demasiado largo.
Lo digo porque en gobiernos anteriores también se hicieron algunas detenciones que
parecían en ese camino de la búsqueda de justicia. Y terminaron más bien en humo.
Seguimos sin un desmantelamiento de las redes y un castigo proporcional por el
desvío de recursos en Veracruz, en el caso de las dependencias y la Estafa Maestra, en
el Gobierno de Chihuahua durante el periodo de César Duarte, el caso Odebrecht y la
lista continúa.
Y aquí la duda genuina, ¿tendremos en algún momento la oportunidad de contar con una
justicia pronta y expedita? Porque hasta ahora, tenemos el pequeño placebo de las
detenciones en momentos políticamente complejos.
Lo preocupante es que siempre está la posibilidad de que la justicia no sea tal, sino
una especie de venganza o intercambio político.
Porque no tenemos claro si la justicia sólo es lenta o es a modo.
