Ha comenzado la cuenta regresiva para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A poco de cumplir sus primeros 100 días desde que asumió el poder, se acorta el tiempo de espera para traducir las expectativas que se generaron durante meses de campaña, de transición de gobierno y de los 82 días transcurridos de su gobierno, en hechos concretos.
Las altas expectativas creadas han comenzado a generar sus propias demandas, con cierta impaciencia en algunos círculos empresariales.
Uno de ellos es el del poderoso sector de la construcción, que tiene una notable influencia en la inversión, en la generación de empleos, en el consumo interno y, como consecuencia, en el dinamismo de la economía.
Pocos organismos representativos del sector privado como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, han sabido articular sus propuestas puntuales con un análisis concienzudo que vale la pena atender en momentos en que el gobierno federal se prepara para lanzar su Plan Nacional de Infraestructura, uno de los más relevantes en términos de inversión para el crecimiento económico futuro del país.
Retomo en forma de pregunta algunas de las propuestas que la CMIC ha planteado para la agenda del debate público de las próximas semanas y que el gobierno de Peña Nieto tendrá que comenzar a dar respuestas específicas:
1. ¿Cuáles serán los mecanismos eficientes de financiamiento privado para desarrollar la infraestructura necesaria para explotar sustentablemente las reservas petroleras y de gas? Los constructores proponen la “aplicación transparente y eficiente de los esquemas de participación público-privadas en Pemex, y la obligación legal de parte de las empresas extranjeras de transferir tecnologías y de asociación con empresas mexicanas.
2. ¿Cómo se enfrentará el importante desperdicio en la distribución de energía eléctrica por un deficiente sistema de interconexión entre la producción y el consumo?
3. ¿Cómo se enfrentará el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos y que la CMIC calcula en 90 mil los hogares al año que se establecen en zonas no aptas para vivir? ¿Acaso no se requiere de un plan rector de ordenamiento territorial que obligue a las entidades federativas?
4. ¿Por qué no se incrementan las obligaciones y facultades de Conagua a fin de que apoye a los organismos de los diferentes niveles de gobierno de la administración del agua a través de la planeación, investigación, documentación y mapeo de las necesidades hidráulicas del país, incluyendo la calidad del agua y la prevención de desastres?
5. Si las autorizaciones de impacto ambiental han sido causa recurrente de retraso, incertidumbre y sobrecosto en las obras de infraestructura, ¿por qué no se aprueba una legislación que obligue a que se dictamine el impacto ambiental de las obras antes de que éstas se liciten?
6. Los constructores proponen la creación de un Programa Nacional de Movilidad que integre los programas de infraestructura del transporte -carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles- y que obligue a los gobiernos municipales, estatales y al federal a articular sus planes en torno a uno integral que privilegie los factores técnicos por sobre los políticos y que, por lo tanto, haga más eficiente el uso de los recursos escasos.
Puede estar de acuerdo o no con las propuestas, pero sobre la mesa hay un manojo de ellas a las que el gobierno de Peña Nieto debe dar respuesta concreta.
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