La declaración de procedencia, mejor conocida como desafuero, es el proceso para que el Presidente, los gobernadores, legisladores o fiscales, ministros y magistrados puedan ser juzgados penalmente sin la protección del fuero.
Pero en el caso de los gobernadores, diputados y magistrados locales, la última decisión la tienen los Congresos locales, lo que ha permitido detener procedimientos de desafuero de personajes como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, o del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Para evitar esta “protección” o bien con el fin de seguir siendo los únicos que puedan tomar decisiones, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados alista una iniciativa para crear la Ley de juicio político y declaración de procedencia, y en ella pretende dejar fuera de cualquier decisión a los Congresos de las entidades.
Con ello, se deja en un estado de vulnerabilidad a los gobernadores, legisladores y juzgadores, principalmente de oposición, sobre todo en un régimen en el que a la mayoría no le gusta ser criticada.
Para que exista una declaración de procedencia, tiene que haber de por medio una denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal en contra del servidor público.
Acto seguido, la Sección Instructora, integrada por diputados, practicará todas las diligencias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita.
Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar de proceder penalmente en contra del inculpado y de ser así la Cámara de Diputados se erige como jurado de procedencia y en el caso de los servidores públicos locales, los diputados federales deberán remitir a las legislaturas estatales el dictamen para que proceda como corresponda.
No obstante, con la reforma que pretenden hacer, los Congresos locales ya no tendrán ninguna injerencia en el proceso de desafuero.
De esta manera, en el hipotético caso de que algún servidor público local sea acusado penalmente y que se solicite su desafuero ante la Cámara de Diputados y esta determine que ha lugar la solicitud de procedencia, será la mayoría del partido en el poder quien decida su situación jurídica.
Y no es que estemos pensando que Morena sea rencoroso y pueda hacer un uso político de este recurso, pero siempre existe la posibilidad de que el partido en el poder se haga de mayores recursos de control contra sus opositores. No hay que olvidar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador entre 2004 y 2005, avalado por la entonces PGR dominada por el entonces presidente panista, Vicente Fox.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el informe de sus primeros 100 días de Gobierno. Un discurso de campaña que nos hizo recordar aquellos de su antecesor, llenos de retórica y buenos deseos. ¿Logrará cumplir lo prometido?
@aguilarkarina
