Uno de los parámetros más importantes del nivel de éxito de las reformas estructurales que se ha planteado el presidente Enrique Peña Nieto y que seguirán de cerca los empresarios y observadores internacionales, es el que tiene que ver con la apertura en la industria petrolera. Con Pemex.
Hace unos días me decía un banquero de inversión extranjero que “a las reformas mexicanas se les medirá por lo que hagan con Pemex”. Ciertamente esta afirmación luce como una exageración interesada, pero lo cierto es que el peso específico del petróleo y de Pemex en el futuro inmediato de la economía mexicana no está a discusión.
El asunto es que desde la campaña electoral, panistas y priistas generaron expectativas sobre una verdadera transformación en la industria petrolera mexicana. El entonces candidato Enrique Peña Nieto dejó abierta la posibilidad de que los capitales privados incrementen sus inversiones en la industria petrolera a partir de cambios a la Constitución Política, aun y cuando el Estado mantuviera la rectoría sobre la explotación petrolera.
Estas ideas y proyectos de apertura a los capitales se refrendaron en sus primeras giras internacionales ya siendo presidente electo, e incluso el coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, concedía entrevistas a la prensa estadunidense enfatizando la posibilidad de que la apertura a los capitales privados en Pemex era posible de realizarse hacia inicios de 2013.
Entonces, las expectativas crecieron porque así se planeó deliberadamente.
Hacia el interior, el discurso sobre la reforma energética se enfocaba en los beneficios hacia la población que traería la apertura de Pemex a los capitales privados.
El 8 de enero pasado, en una entrevista radiofónica, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo en relación a la reforma energética que “lo fundamental es que se traduzca en un impacto positivo de ahorro para las economías de las familias mexicanas; para poder tener esto pronto, tenemos que hacer la reforma pronta”. Y Videgaray se refería a que la reforma energética logrará bajar el gasto de los energéticos en México tanto en gasolinas como en electricidad, lo que redundará en beneficios para los bolsillos de los mexicanos.
Se entiende que los funcionarios del nuevo gobierno priista promuevan las reformas que plantearon desde la campaña y con ello generen expectativas positivas entre la población, como entre los inversionistas del exterior.
La pregunta es si estas expectativas ya han sido infladas más de la cuenta y están entrando al terreno de lo especulativo o de lo irreal.
Nos preguntamos, por ejemplo, si acaso la reforma energética prometida efectivamente bajará el precio de las gasolinas y las tarifas de la energía eléctrica.
Si tomamos en cuenta que los precios de las gasolinas y del diesel son prácticamente los mismos que en el sur de Estados Unidos, entonces cómo se piensa bajar los precios. ¿Acaso con más subsidios cuando la decisión, que hemos escuchado del gobierno recientemente, es la contraria? ¿Cómo se bajarán las tarifas eléctricas cuando en México la mayor parte de la energía que se produce es con gas natural y combustóleo, lo que eleva los precios, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá?
Parecen promesas difíciles de cumplir, tal y como se están planteado en medio de este “bombardeo de expectativas” para conseguir las reformas.
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