Era la noche del 30 de diciembre pasado. Estábamos en Villahermosa, Tabasco. Ricardo García Cervantes -amigo de Arturo Núñez, quien al día siguiente rendiría protesta como gobernador de la entidad- salió a las puertas del hotel para fumar un cigarrillo.
¿Cómo está?, le pregunté, a manera de saludo, sin imaginar la respuesta que obtendría del ex senador panista, que apenas llevaba tres semanas al frente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
Abatido, respondió: No sabes lo doloroso que ha sido lo que he encontrado. La cantidad de víctimas, de tragedias familiares, de historias desgarradoras. Acabo de regresar de Torreón y aún me duele todo lo que vi. Cada día que pasa me pregunto “¿qué hicimos?”.
Se refería a la llamada “guerra” contra el crimen organizado que emprendió Felipe Calderón durante su gestión.
García Cervantes encendió otro cigarrillo. El ambiente en torno era de alegría, muchos amigos de Núñez (priistas, panistas, perredistas) se reencontraban después de años y se abrazaban. El de Coahuila respiró profundamente y agregó: “Este es el primer momento en que me encuentro con la alegría desde que llegué a la Subprocuraduría”.
Sería apenas un respiro antes de volverse a preguntar: “¿Qué hicimos?”
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A LA BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS.- Lo primero fue buscar los registros de desaparecidos. Cada uno marchaba por su lado. La Secretaría de Gobernación por aquí, la PGR por acá, la SEIDO por allá, la Comisión de Derechos Humanos por su cuenta, Human Rights Watch con su propia investigación.
La danza de cifras comenzó -llegó a más de 26 mil, según la cifra que dio a conocer Lía Limón, subsecretaria de Derechos de la Segob- en medio del reclamo por definir entre “desaparecidos” y “extraviados”.
Pero sería el plantón y la huelga de hambre de una decena de madres a las puertas de la PGR lo que emplazaría finalmente al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar cartas en el asunto más allá de los números y la vista de expedientes en los que no se encontraban ni huellas dactilares, ni fotografías (ya no digamos muestras de ADN), ni nada que sirviera para retomar una investigación.
Ante este escenario, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le propuso al procurador Jesús Murillo Karam unir esfuerzos y que desde la PGR, como timón central, se echara a andar una estrategia para buscar a los desaparecidos.
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¿POR QUÉ UNIDAD Y NO FISCALÍA?- En la mesa ante la que se sentaron con las autoridades los padres de algunos de los desaparecidos se llegó a una conclusión: No sólo se trataba de atender los expedientes de los desaparecidos, sino que había que atender también a los familiares de aquellos cuyo paradero se desconoce.
Cuenta el propio García Cervantes que en aquellas conversaciones se dieron cuenta de lo afectados que se encontraban los familiares de los desaparecidos y no sólo cuando se trataba del caso de un jefe de la familia:
En el caso de un hijo, refería, el papá se dedica más a buscar a su hijo que a atender todas las actividades que tenía y el sostén de la familia queda en el aire. La incertidumbre y la angustia de una madre de no saber qué pasó con su hijo, se somatiza, y también trae a los familiares problemas de salud, económicos, laborales.
En fin, que la atención que hay que dar es integral, no sólo de búsqueda de los propios desaparecidos. De ahí la creación de una Unidad y no una Fiscalía.
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GEMAS: Obsequio del procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela: “(Andrés Granier) perdió una oportunidad de aclarar el caso”.
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