La iniciativa de reforma energética que ayer dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto parecía más bien escrita para enfrentar a los fantasmas políticos del pasado, que para hacer frente a los desafíos económicos de un país que requiere urgentemente transformar de raíz su industria petrolera y energética.
Una y otra vez, el texto de la Iniciativa de Decreto que envió al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores reitera que se construyó a partir de “las ideas fundamentales de las reformas del Presidente Lázaro Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938”.
Hasta el cansancio, el texto recuerda los principios cardenistas de que “la propiedad y el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, son y seguirán siendo de la Nación”.
En decenas de frases en el texto de la Iniciativa se insiste en esto último, en una clara respuesta dirigida a combatir la campaña pública del ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sobre la intención del actual gobierno de privatizar Pemex y de entregar el petróleo a los capitales extranjeros con la reforma.
En su forma, la iniciativa de Peña Nieto dejó ver con fuerza sus temores a su propio pasado, a los viejos fantasmas de su partido, a sus críticos desde la izquierda; más que su sagacidad para enfrentar un futuro que, según las cifras, parece estar cada vez más lejano en materia energética.
La que ayer leímos, es una iniciativa que busca caminar hacia adelante, pero con la vista puesta en el retrovisor. Y así será difícil avanzar al ritmo que se requiere para poner al día a Pemex y a la industria petrolera frente a sus pares noruegos, brasileños o colombianos, que son los modelos en los que se inspiró la reforma.
Las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales que propone la iniciativa presidencial dejan en claro la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos y el control del sistema eléctrico nacional y la prohibición de las concesiones, pero abre la posibilidad a que sea la ley reglamentaria la que determine la explotación de los recursos.
Si bien la iniciativa del Ejecutivo no lo menciona, en las presentaciones que ayer circuló la Presidencia de la República se señala que la ley reglamentaria establecerá “contratos de utilidad compartida” como la modalidad para la participación del sector privado en las labores de exploración y extracción de hidrocarburos en México.
Pero esta modalidad abre un mar de dudas entre los potenciales inversionistas locales y extranjeros. Y es que los contratos de utilidad compartida que ha planteado el gobierno aún tendrán que precisar en qué términos de riesgo compartido, de participación de ganancias y de tasas tributarias se plantearán, para que finalmente los potenciales inversionistas evalúen su atractivo y competitividad.
De momento la iniciativa de reforma en estos términos, tal y como se anunció ayer -si bien define la posición de México de abrir la posibilidad a la inversión privada en la exploración y explotación de los hidrocarburos y de someter a Pemex a la competencia del mercado- se ha quedado tibia en relación a las enormes expectativas que el propio gobierno generó desde el primer día.
Del régimen fiscal de Pemex y de la urgente transformación de la petrolera -de un ente político a uno corporativo conducido bajo las reglas de la eficacia y de la eficiencia con una clara vocación empresarial para ofrecer resultados competitivos- no sabemos mucho aún; más allá de algunos enunciados entusiastas que ayer lanzó el gobierno.
Son conocidas las resistencias políticas del pasado cuando se trata de Pemex y del petróleo, pero el gobierno tiene la obligación con los ciudadanos de mirar, a través del parabrisas, por el futuro. Mirar sólo por el retrovisor repetirá la historia de deterioro de las últimas décadas.
