¿Cuál es la capacidad real del gobierno de Enrique Peña Nieto para llevar a cabo las reformas de fondo en el país? Esa es la pregunta que ha flotado en el ambiente en los últimos días al ver a un grupo de maestros que con lujo de violencia ha puesto contra la pared la reforma constitucional a la educación, ante las evidentes vacilaciones y errores de estrategia de su equipo que provocó una verdadera crisis interna en los últimos días.
La pregunta se hace sentir en momentos en que el sindicato disidente conocido como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, no solo se fortalece e impone sus condiciones en su trato con el gobierno federal, sino que traza la ruta precisa para vulnerar las intenciones reformistas planteadas por Enrique Peña Nieto.
Con estas acciones ha quedado claro que los dirigentes de la CNTE utilizarán todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos, incluyendo sus manifestaciones en contra de las otras dos reformas –la energética y la fiscal- que se presentarán al Congreso en los próximos días y en las que se aliarán con los movimientos que encabeza Andrés Manuel López Obrador y algunas de las fracciones de la izquierda que se han opuesto a la propuesta del gobierno de reformar la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación de hidrocarburos.
Una reforma energética que marcará la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Ante un escenario así, es que en algunos círculos financieros y de inversionistas ya se discute si ‘el músculo’ político de Peña Nieto será suficiente, por ejemplo, para plantear una reforma fiscal de fondo que modifique la estructura tributaria actual incrementando la recaudación en 4 o más puntos porcentuales del PIB, para proveer de los recursos que requiere, por ejemplo, la implementación de un sistema de seguridad social universal, o para cubrir el hueco que dejará la menor aportación de recursos tributarios de Pemex.
Sin embargo y dado este escenario, la balanza comienza a inclinarse por una reforma fiscal menos ambiciosa de lo que se ha especulado, de menor confrontación y mucho más gradualista que busque recaudar entre 1.5 y 2 puntos porcentuales adicionales del PIB. Es probable que esta propuesta se concentre en eliminar el subsidio a las gasolinas, en gravar la riqueza (como las ventas de acciones en bolsa, las ventas de bienes inmuebles, o aplicar una nueva tasa máxima para ingresos altos), en gravar con IVA los alimentos procesados o en eliminar la tasa diferenciada del IVA en la frontera, entre algunas otras medidas.
¿Tendrá Peña Nieto ‘el músculo’ político suficiente para ir a fondo con las reformas más importantes de su gobierno o tendrá que diluirlas respecto de las expectativas originales? Las próximas dos semanas serán decisivas para él.
SÍGALE LA PISTA…
No hay que olvidar que al INEGI se le encargó la realización del censo escolar que será un levantamiento de datos sobre el inventario educativo que incluye todo: número de alumnos, maestros en clase, comisionados o con licencias; escuelas, mobiliario y equipamiento.
El censo ya va avanzado en su primera etapa de recorrido previo por las escuelas, aunque los contratiempos derivados de las reticencias de algunos directores y maestros se han dejado sentir y no es para menos. La segunda etapa, que consistirá en el levantamiento propiamente de los datos a partir del 1 de octubre, terminará con la entrega de resultados preliminares que se esperan para finales del año.
El asunto es que ya se vislumbra que el censo arrojará cifras que podría poner al descubierto una serie de anomalías en el sistema educativo como, por ejemplo, el número de alumnos. Y es que algunos piensan que las cifras están infladas porque no hay que olvidar que éstas determinan los presupuestos que se entregan anualmente.
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