La Secretaría de Economía anunció que hoy entra en vigor la nueva NOM 185 que junto a la NOM 005 “permitirán que -dice textualmente el boletín de prensa- los dispensarios o bombas de combustible de las 10 mil gasolineras del país cuenten con aditamentos y software que impedirán la manipulación en perjuicio de los compradores de gasolina y diesel”.
Con este nuevo candado de control aplicado a las bombas de combustibles, el gobierno nos asegura que los consumidores de gasolinas y diesel ya no seremos objeto de robos en las gasolineras por la manipulación de los dispensarios al adquirir combustibles.
Y como medida complementaria para garantizar que así sea, la Procuraduría Federal del Consumidor mediante su ejército de auditores verificará que las 43 mil bombas de gasolinas y diesel que funcionan en el país cumplan con el ordenamiento, so pena de aplicar multas de mayor envergadura, clausurar o, incluso, solicitar a Pemex el retiro definitivo de la concesión por reincidencia en las irregularidades.
Es decir, el compromiso es que con estas medidas, ahora sí, recibiremos litros de a litro.
Aplaudo las buenas intenciones de las medidas pero francamente no las comparto. Y las razones son muy sencillas.
Ya he perdido la cuenta cuántas veces en las últimas dos décadas el gobierno federal ha implementado modificaciones a las tecnologías de los dispensadores de combustibles, emitido nuevas reglas y aplicado sanciones para hacerle frente a estos robos; sin embargo, una y otra vez esas medidas han fracasado. Y la prueba es que ahora se vuelven a emitir estas disposiciones para evitar -nos dicen- que se nos robe algo más de tres mil millones de pesos; promesa que es muy probable que -como en los años anteriores- vuelva a fracasar.
Pero además la literatura económica es abundante en ilustrar cómo estas prácticas en mercados monopólicos no se erradican con mayor regulación por la sencilla razón que existe un incentivo perverso, consustancial al poder monopólico, derivado de que el consumidor no tiene elección. Es el caso de la mala calidad de energía eléctrica que compramos a CFE.
La solución al robo y al mal servicio que sufren los clientes en las gasolineras es mucho más sencilla de lo que el gobierno ha sugerido infructuosamente, por cierto, a un elevado costo presupuestal dado el ejército de verificadores y burócratas que debe mantener Profeco.
Esa solución está en dejar la elección en manos de los consumidores. Ya es tiempo que seamos los compradores quienes tomemos la decisión de a qué empresa -Pemex o cualquier otra- le compramos la gasolina, qué tipo de gasolina queremos comprar, a qué precio y con qué servicio.
Si eso ocurriera, le aseguro que los compradores dejaríamos de llenar el tanque de nuestros vehículos en las estaciones que roban combustible, para comprar en la gasolinera de enfrente. Es cuestión de elección del consumidor, como lo que ocurre ahora con la leche o con la aviación comercial en las rutas de mayor tráfico.
Mientras que el consumidor sea rehén de un Estado que elige la gasolina por él en un mercado monopólico, el gobierno tendrá que seguir emitiendo normas, castigando y gastando recursos fiscales sin lograr contener el perverso incentivo de la trampa.
El presidente electo se ha comprometido a combatir a los monopolios en México. Pues bien, aquí tiene su primera decisión en la materia.
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