Tener jueces sin rostro equivale a querer pasar desapercibido en una cafetería con una máscara de carnaval.

Tratar de garantizar la seguridad de los jueces escondiendo su identidad es un esfuerzo que, según varias experiencias internacionales, convierte a los juzgadores en un blanco móvil. Además de que la falta de transparencia contribuye a violar derechos humanos de personas, en su mayoría pobres y racializadas.

En 1997, Ernesto Carrazco, el director nacional de los fiscales en Colombia (uno de los países donde se aplicó este modelo), admitió que el anonimato en los jueces no garantizaba su seguridad, únicamente, cuando mucho, elevaba el costo de llegar a ellos.

Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero la posibilidad de aprender de experiencias anteriores debería ser un ejercicio natural de gobierno y la posibilidad de discutir alternativas, una práctica elemental en el Poder Legislativo.

La discusión de la iniciativa de jueces sin rostro se aplicó en tres países —Italia, Colombia y Perú— con profundas crisis de justicia por casos de narcotráfico y guerrilla en el caso peruano, en los años de 1990. En ninguno de los países el modelo permaneció. Según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este modelo no contribuyó a impartir justicia y se vulneraron los derechos humanos de las personas procesadas.

En México, la figura de los jueces sin rostro ya había intentado aplicarse en dos administraciones distintas. En ambos casos, la idea fue desechada.

La primera vez que se planteó la idea fue durante el gobierno de Vicente Fox, después de que en noviembre de 2001 dos magistrados fueran ejecutados por César Valenzuela, acusado de delitos contra la salud y a quien le fue negado un amparo, según las autoridades de la entonces PGR.

En ese entonces, las autoridades federales consultaron con un grupo de magistrados, juristas y especialistas la posibilidad de plantear la figura de jueces sin rostro. La idea fue descartada antes de que llegara siquiera a una propuesta legislativa, porque no garantiza la seguridad de los juzgadores, ni contribuye a impartir justicia.

Después, en 2010, el presidente Felipe Calderón  hizo la propuesta y recibió las mismas críticas que ahora.

No conocer la identidad de los jueces no ayuda a la aplicación de justicia. Porque, duda genuina: si no sabemos quién nos juzga, ¿cómo sabremos que es imparcial?

Para muestra un botón: el caso de Rosario Robles y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna.

El juez determinó la prisión preventiva a quien encabezó la Secretaría de Desarrollo social. Fue hasta que se conoció la identidad y el parentesco del juez con Dolores Padierna que el Consejo de la Judicatura anunció su salida del caso.

México tiene la ventaja de que plantea una reforma que ya se aplicó en distintos países hace 30 años y conoce los resultados. Quizá conviene tomar nota de quienes ya pasaron por ese camino.

 

          @micmoya