Este lunes, los representantes de más de 60 instituciones, organizaciones de la academia, el empresariado y la sociedad presentaron ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) el documento Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el mismo que han recibido ya el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, así como los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los representantes del Senado de la República.
En esta presentación, en la Rectoría de la UNAM, los miembros de la llamada Triple Hélice han planteado sus demandas y propuestas ante prácticamente todos los actores de la vida pública nacional. Falta que lo hagan en la Cámara de Diputados. Una vez que se instale la Comisión de Ciencia y Tecnología respectiva, también ahí se hará lo propio.
Una de esas propuestas, quizá la más importante, es proveer al sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación de la adecuada gobernanza, personalidad jurídica, instrumentos normativos y capacidad financiera que le permitan recuperar el liderazgo en la definición de objetivos de largo aliento, para alcanzar el desarrollo económico de México, fortalecer su competitividad a nivel global y generar empleos y riqueza, vía el conocimiento científico.
Esta propuesta tiene dos vertientes: una es que el próximo presidente de la República reactive el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, mediante su personal atención y convoque a todos los actores, organizaciones e instituciones que lo conforman a reunirse cuando menos cada semestre, como lo mandata la ley respectiva. La otra es que se cree una Secretaría de Estado para el sector, con sus adecuadas atribuciones, capacidades y facultades para la aplicación de las políticas públicas en la materia.
A su vez, crear una Secretaría del sector plantea dos opciones: de un lado, habría que retomar una iniciativa de ley que presentó la anterior legislatura en el Senado de la República, la cual considera que la prioridad de esta dependencia sería: “la definición y conducción de la política nacional de CTI; la integración y coordinación del sistema nacional de CTI y su vinculación internacional; la articulación con otros sectores, gobiernos estatales y sistemas relevantes, especialmente con el sistema de educación superior, así como la integración, manejo y distribución del presupuesto para CTI.”
La segunda opción, según se lee en la página 28 de la Agenda Nacional: “considera la conveniencia de incorporar a la educación superior como elemento de coordinación con el sistema de CTI (…), esta Secretaría tendría, además de los objetivos anteriores, la misión de coordinar la educación superior en las IES (instituciones de Educación Superior), sin menoscabo de su autonomía, impulsar la descentralización a nivel estatal y federal, y crear un sistema nacional de becas.”
Más aún, la Agenda plantea que la creación de la Secretaría no impactaría significativamente al presupuesto, debido a que: “el financiamiento destinado al CONACYT para gasto corriente de carácter administrativo sería distribuido adecuadamente” entre ambas dependencias; “otro tanto sucedería con el de la SEP, si así fuera el caso.”
Surge, entonces, una pertinente cuestión: ¿Aceptarían la SEP y demás dependencias ceder presupuesto y recursos humanos y materiales para dar vida a la nueva Secretaría, tan fácilmente como lo imaginan académicos y empresarios?
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