Las políticas de seguridad pública están en revisión.
Es el mayor examen durante el presente gobierno para saber cómo marcha en todos los ámbitos, en la prevención y el combate del delito, en zonas tradicionalmente críticas y en regiones con relativa paz.
En el panorama entran todos los aspectos, desde la coordinación con estados y municipios, la revisión de protocolos, la instrumentación de mandos únicos estatales y la condición de las fuerzas federales.
Debe haber nueva información, sobre todo por los ataques en Michoacán a varias corporaciones y a mandos importantes de alguna corporación, como el asesinato del jefe de la Octava Zona Militar, Carlos Miguel Salazar Ramonete.
Los hechos son interpretados bajo dos ópticas: Los Caballeros Templarios y demás insubordinados se sienten con capacidad humana y armamentista para enfrentar a la fuerza pública del Estado y, dos, se han filtrado a la delincuencia la estrategia y la movilización de fuerzas gubernamentales.
Dos cuerpos están en el centro del debate, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, ambos dependientes del comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb
En los dos puede haber noticias.
UNA GENDARMERÍA CON DESTINO MILITAR
Manuel Mondragón y Kalb, narran con asombro algunos funcionarios, es médico marino y no CG (Cuerpo General), argot con el cual se describe a los formados para el combate en la Heroica Escuela Naval Militar.
En él puso su confianza el presidente Enrique Peña, aunque lo subordinó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
No ha habido un trato tan terso entre ambos.
Gran discrepancia hubo cuando la CNTE bloqueó la autopista México-Acapulco a la altura de Chilpancingo y causó destrozos en edificios públicos y de partidos políticos.
Mondragón se declaró dispuesto a intervenir; el secretario Osorio Chong y su subsecretario Luis Enrique Miranda optaron por el diálogo, para lo cual abrieron las puertas de Gobernación a los maestros disidentes.
Hoy, a reserva de dar forma a la Gendarmería Nacional -o acaso para apresurarla- se menciona a expertos en seguridad para ocupar cargos relevantes.
El principal es el general Tomás Ángeles Dahuare, a quien se encarceló en el gobierno de Felipe Calderón por narcotráfico y supuestos nexos con el crimen organizado a partir de testigos protegidos avalados por la ex procuradora Marisela Morales.
Recién fue liberado y de inmediato rehabilitado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Es el principio de nuevas encomiendas, dicen en el Ejército y en el gobierno federal.
Otro es el general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial con Ernesto Zedillo.
LECTURA EQUIVOCADA DE LEONEL GODOY
Leonel Godoy manda una protesta furibunda donde habla de su familia, su vida, sus hijos y su trayectoria política.
Opone esos datos porque en esta columna, interpreta él, se le hicieron señalamientos injuriosos y se le da trato de “vulgar delincuente”.
Nada de eso.
El viernes reprodujimos una declaración del gobernador constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo, donde habló de 43 mil millones de pesos en deuda estatal y de investigaciones a la administración de Godoy, indagatoria hoy sin rumbo fijo.
Todavía hay cifras a revisión.
En círculos de inteligencia, informamos también, reproducen amagos suyos de huir a la sierra si se libra orden de aprehensión en su contra.
Información pública una y confidencial la otra, pero ninguna injuria ni acusación para el ex gobernador de Michoacán.
Aquí no se ha calificado a Godoy y sobre su actuación gubernativa el mejor sinodal fue el voto de los michoacanos en 2011, adverso a su partido y al ex candidato perredista Silvano Aureoles.
