Quisiera ser optimista, pero el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado ayer por el Presidente electo y su gabinete de Seguridad es una larga lista de buenas intenciones.
Salvo la creación –a tres años- de la Guardia Nacional, no existen medidas concretas que en lo inmediato ofrezcan a la población la esperanza de seguridad.
¿Cómo es eso de que “se propondrán leyes para poner fin a las confrontaciones armadas’’? ¿Usted cree que los cárteles dejarán de confrontar a las Fuerzas Armadas porque una ley dirá que está prohibido matarse a balazos?
Y eso de la amnistía a delincuentes “condicionada al perdón de las víctimas’’, ¿qué alcance tiene?
Es decir, qué delitos alcanzan la gracia de la amnistía: ¿el homicidio, el secuestro, el cobro de piso, la extorsión, el huachicoleo?
Eso no se precisó en la conferencia de ayer.
Y el Consejo para la Construcción de la Paz, ¿quiénes lo integrarán? Porque la paz no sólo la construirán las víctimas, sino también los delincuentes.
Así que, ¿quiénes podrán conformar ese Consejo y bajo qué criterios?
¿No es una instancia para negociar con los grupos delincuenciales? Porque ésa fue una de las prácticas que más criticó López Obrador a gobernadores e incluso Presidentes surgidos del PAN y el PRI.
Todo México quiere paz, tranquilidad y justicia, pero francamente con este listado de buenas intenciones no se ve que esto pueda ocurrir en el mediano plazo, como prometió el líder de Morena en campaña.
Ojalá nos equivoquemos.
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A ver a ver.
¿Cómo está eso de que el Consejo de la Judicatura Federal licitó en los oscurito un contrato por dos mil 800 millones de pesos para los servicios administrados multianuales telefónicos de su Red Privada Virtual?
El ganador de esta rara licitación fue la transnacional Cisco, a la que deberá pagársele la mitad del costo del contrato este año -1,400 millones de pesos- y el resto en los próximos años.
El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, tendrá que responder las preguntas sobre este millonario negocio, que fue denunciado hasta el cansancio por los propios trabajadores de la Judicatura.
Y más ahora que la Corte y el Consejo de la Judicatura están en la mira del futuro gobierno de López Obrador que, de entrada, aprobó una ley para reducirles el sueldo a los empleados del Poder Judicial, comenzando por los ministros.
Por eso no hay que fomentar el sospechosismo.
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Los 16 alcaldes de la Ciudad de México están que se truenan los dedos, pues ya van llegando diciembre y sus posadas, y nomás no tienen recursos para hacer frente a la nómina y a otros gastos.
Sucede que cuando tomaron posesión del cargo, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, les ofreció una bolsa de 50 millones de pesos para cada una de las 16 alcaldías, independientemente de su tamaño, población y compromisos.
Y como ahora están reclamando esos 50 millones, la secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Julieta González, ya ni siquiera les toma la llamada.
¿Entonces?
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Con eso de que la cuarta transformación –o lo que sea- está en marcha, los expertos en transparencia y rendición de cuentas de todos los partidos y la sociedad civil deben estar más atentos.
En el PRI, los ojos están puestos en la experiencia de la hoy diputada Ximena Puente, ex presidenta del Inai, que forma parte de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados.
Puente presenta hoy, por cierto, el libro Rendimiento Institucional del Congreso en México, en la misma Cámara baja.
