Los rumores de que Purificación Carpinteyro habría renunciado ayer a la fracción del PRD corrieron desde mediodía. Reaccionaba, decían, a que el partido no la había respaldado tras la filtración de un video donde ella se ve sacando provecho de la información que posee como legisladora para negocios personales. Sin embargo ella misma desmintió su posible salida y aseguró que hoy mismo hará un pronunciamiento oficial, que los rumores son producto de la campaña de desprestigio que se formula en su contra.

 

De nueva cuenta sorprende el fallo de un juez. Verónica Judith Sánchez Valle, juez Décimo de Distrito en el DF, negó a la PGR una orden de aprehensión en contra del empresario Gastón Azcárraga por falta de pruebas. Apenas hace un par de años la misma juez encarceló a siete personas, incluyendo un asesor del ministro Sergio Valls y al ex coordinador técnico de la SEIDO, acusados de tener supuestos vínculos con El Chapo Guzmán luego de las declaraciones de un testigo protegido llamado Libre, quien por cierto generó muchas dudas de su existencia.

 

En Oaxaca el tema de la nueva Ley Estatal de Educación pende otra vez de un hilo. Ayer el PAN abandonó los foros para la reforma conocidos como Diálogos por la Educación, acusando al gobierno de que los dados están cargados a favor de la propuesta del PRI y ha anunciado que en los próximos días presentará una propuesta de iniciativa para armonizar la ley estatal con la federal en materia educativa. Por otro lado, se dice que existe una negociación entre el gobierno de ese estado y la sección 22 del SNTE para que la reforma no ocurra. ¿Será?

 

Que existen gobiernos bien vistos por el federal y entre ellos destaca el de Nuevo León que encabeza Rodrigo Medina, quien atravesó por una crisis de imagen derivada del incremento en la seguridad y las extorsiones hacia los empresarios. Hoy, de acuerdo con algunos sondeos, Medina ronda alrededor de 70% de aprobación entre los regios, una envidiable cifra que lo coloca como uno de los favoritos y con acceso directo a Los Pinos. ¿La receta? Profesionalizar a la policía estatal, asegurando el apoyo a las madres de familia, principalmente.

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