Épocas hubo en las cuales los asuntos judiciales se decidían en Palacio Nacional o Los Pinos.
Cuando Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia de la República decidió romper esa tradición de dependencia entre poderes y, en un golpe de mando, decidió reestructurar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Parecía una actitud caprichosa, aunque el tiempo le dio la razón.
Él ordenó reestructurar el Poder Judicial y tuvo dos aliados importantes en el Congreso para sacar la reforma: Fernando Ortiz Arana en el Senado de la República y Humberto Roque Villanueva en la Cámara de Diputados.
Ellos operaron la modificación constitucional.
Era, o eso se creía en diciembre de 1994, la independencia de la Corte con algunos beneficios para el erario: de 21 ministros numerarios y cinco supernumerarios se redujo a sólo 11.
De esa manera se dejó de lado un sistema de valores entendidos:
Hasta entonces, la SCJN sesionaba y cuando había un asunto trascendente para la república todos volteaban a algún ministro cercano al presidente para decidir su voto.
Así todo salía al gusto de Palacio Nacional o de Los Pinos.
Fue el caso, por mencionar ejemplos, de Alfonso Guzmán Neyra, Ulises Schmill y Carlos del Río.
LUNA RAMOS PIDE EL APOYO DEL EJECUTIVO
A partir de 1994 todo cambió.
En teoría ya no hay voluntad presidencial posible de permear la votación de los 11 ministros.
Tal vez esto no lo entiende la ministra Margarita Luna Ramos.
Ella aspira a presidir la Corte y, por supuesto, a Juan Silva Meza.
Pero ha equivocado el camino.
No trata de ganar el apoyo de sus 10 pares, sino de obtener el respaldo fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, lo peor, al margen del Poder Judicial.
¿A dónde cree que ha ido doña Margarita?
¡Al Poder Ejecutivo!
Ha visitado a secretarios de Estado para hablar de sus pretensiones, como si ellos tuvieran voto dentro del pleno de la Sala Superior.
Teléfono Rojo ha documentado al menos visitas a tres miembros del gabinete y, obvio, entre ellos se encuentran los dos más influyentes del sexenio: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Aunque haya recibido de ellos palabras de aliento, nada garantiza a Luna Ramos ser la primera mujer al frente de la estructura judicial del país.
La otra integrante de la Sala Superior, Olga Sánchez Cordero, cuyo voto decidió la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, no está en condiciones porque pronto dejará su cargo.
Pero si Luna Ramos no se concentra en el voto de sus pares, los únicos votantes, su abstracción abre posibilidades a los otros cuatro prospectos: Sergio Valls, Luz María Aguilar, Arturo Saldívar y Mario Pardo Rebolledo.
Lástima, porque de esa manera se cierra la posibilidad de tener a un Poder Judicial presidido por primera vez por una mujer.
Así va la Corte a su renovación al 2 de enero de 2015.
IFAI, DIVIDIDO POR LAS TELECOMUNICACIONES
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) no ha mejorado con el cambio de nombre y de comisionados, como se esperaba.
Si antes hubo choques, decisiones divididas y asuntos insolubles, ahora hay otros problemas.
Ayer el IFAI de Ximena Puente intentó solventar el asunto de división por la reforma a las telecomunicaciones, pero no hubo acuerdo sobre un asunto toral: presentar un recurso de controversia.
¿De qué se trata?
De algo simple: los cambios legales pueden afectar algunos aspectos de las áreas en las cuales el Instituto es mano y ellos no están de acuerdo.
Pero tampoco los siete comisionados están de acuerdo.
Se analizó el caso, se discutió y, como todo es secreto, no se sabe si al final habrá la interposición de ese recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y como no llegaron a un acuerdo, no sabemos hacia dónde irá el nuevo IFAI, aunque su impugnación sirva para nada.