Una herencia dificulta todavía los planes de seguridad pública federales.
Afecta inclusive a Michoacán, donde el gobierno ha emprendido la más ambiciosa de sus cruzadas para reestablecer la paz en Tierra Caliente bajo la consigna de cero impunidad.
Cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) retomó facultades quitadas desde tiempos de Vicente Fox, quien veía la inteligencia como simple persecución política, comenzó una larga tarea todavía no concluida.
El titular Miguel Ángel Osorio Chong no se encontró con un diagnóstico integral sobre la inseguridad y mucho menos una estrategia para actuar con posibilidades de resultados inmediatos.
Cada dependencia tenía su propia información y no la compartía.
En las administraciones panistas actuaban por su cuenta, se sabía, y por eso el presidente Enrique Peña instruyó a Osorio Chong de concentrar estrategias y designar mandos únicos para los operativos.
El esfuerzo continúa y parecería operar en los niveles superiores, pero ha habido algunas resistencias.
Y si ha habido problemas con los subordinados para incorporarlos a la sinergia, las mayores dificultades se han encontrado para tener un mapa completo y confiable del crimen organizado y la identificación de los capos.
SOLDADOS A CUARTELES, POLICÍAS A HOTELES
Podrían darse muchos ejemplos, pero bastaría uno de la gran tarea por delante.
Entre la milicia hay recelo por cómo se le trata.
Algunas quejas:
Los soldados están en la primera línea de los frentes de batalla mientras las demás fuerzas federales tienen tareas más cómodas y menos riesgosas, y a menudo llegan cuando ya se pacificaron zonas enteras.
Los miembros de las fuerzas armadas viajan en vehículos de tierra incómodos, la mayoría descubiertos, expuestos a lluvias, fríos, calores y a emboscadas de grupos armados de día y de noche.
Llegan a cuarteles, se hacinan como pueden, comen modestamente los alimentos elaborados por el propio Ejército y no disponen de comodidades mayores.
En cambio, los policías federales tienen aviones para su traslado, los hospedan en hoteles, a menudo comen a la carta y viven confortablemente mientras dura su encomienda en alguna plaza.
De las molestias se ha tomado nota en varios niveles y tal vez no haya generado una protesta institucional por la disciplina de la milicia mexicana.
La diferencia de trato, sin embargo, ya no es tan marcada como en el pasado, cuando Felipe Calderón privilegió presupuestal, administrativa y políticamente la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Genaro García Luna.
RECURSO DE LA FUERZA, SEGÚN GARCÍA LUNA
1.- Nadie esperaba docilidad de los grupos armados en Michoacán.
El gobierno federal lo sabía y aun así decidió enfrentar a los dos cárteles criminales de la zona, Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación, y a las llamadas autodefensas.
No habrá diferencia y se usará la fuerza cuando sea necesario.
¿Cuándo?
El ex secretario Guillermo Galván y su sucesor, Salvador Cienfuegos, han insistido en un marco normativo para la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
No lo hay.
Se tiene, en cambio, un acuerdo suscrito por Genaro García Luna el 23 de abril de 2012 donde sostiene que el uso de la fuerza pública es “un elemento indispensable para preservar el orden y la paz públicos”.
Esa potestad “será una prerrogativa destinada a lograr los fines señalados en la seguridad ciudadana y el mantenimiento del Estado de Derecho”.
2.- En Petróleos Mexicanos (Pemex) no habrá ningún despido como han señalado insistentemente las fuerzas de izquierda.
Ayer el senador Carlos Romero Deschamps, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), fue muy preciso en entrevista:
-Ningún sindicalizado perderá su empleo con la nueva legislación.
Fue un acuerdo tomado antes de la reforma energética y el compromiso fue ratificado posteriormente por el gobierno, el director de la paraestatal, Emilio Lozoya, y el sindicato.
