Juristas y la élite del Poder Judicial han tenido un primer éxito.
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Gracias a ellos y a los medios de comunicación, a la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no llegarán dos improvisados a sustituir a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
El presidente Enrique Peña Nieto fue sensible a los reclamos de no imponer a hombres cercanos a Los Pinos como Raúl Cervantes, quien abandonó el Senado en septiembre de 2014 para, creía él, franquear su elección.
La reacción presidencial se dio por un antecedente todavía bajo litis: el cuestionado nombramiento de Eduardo Medina Mora, quien pasó de embajador en Estados Unidos a relevo de Sergio Valls.
A juicio de muchos otra imposición sería regresar el tribunal supremo a la politización del siglo pasado, razón por la cual Ernesto Zedillo impulsó reformas para profesionalizar la justicia del país.
Fueron muchas las voces y la cúpula del Ejecutivo hizo un análisis con especialistas: –Si con Medina Mora – muy cercano a Peña Nieto y a muchos panistas– se olvidó el artículo 95 constitucional y pudo llegar gracias al amparo del 57 de la Ley del Servicio Exterior, con Cervantes la situación era distinta.
Su cargo y fuero legislativos continuaban a pesar de su licencia.
En consecuencia, era insostenible su postulación.
Piña Hernández y Laynez Potisek
Una llamada de Los Pinos llegó a la presidencia de la Corte en enero de 2011.
Era Roberto Gil Zuarth, secretario de Felipe Calderón, para invitar a nombre de su jefe al flamante titular del Poder Judicial, Juan Silva Meza, a una entrevista en la residencia presidencial.
Arturo Pueblita, particular de Silva Meza, fue el intermediario.
–Que con mucho gusto platica con él, pero en Palacio Nacional, no en Los Pinos –transmitió para no poner en duda la independencia entre Poderes.
Y sí, el encuentro se dio en Palacio.
En teoría esta independencia sigue vigente.
Aun así, es posible saber por dónde encamina el Senado de la República sus pasos para llenar las vacantes de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Primero hablemos de los descalificados: Dos de ellos, el procurador mexiquense Alejandro Gómez Sánchez y la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle, fueron incorporados a las ternas a sabiendas de sus pasados y sus sospechas.
No irán.
Álvaro Castro Estrada y Sara Patricia Orea Ochoa no han encontrado los consensos necesarios entre los grupos parlamentarios, condición para perfilarse como seguros en su elección.
En consecuencia, quedan sólo dos prospectos: la abogada y psicóloga Norma Lucía Piña Hernández y el procurador fiscal Javier Laynez Potisek.
Por ahí viene la inminente decisión senatorial.
Ah, y Roberto Gil Zuarth, actor de aquel acto de independencia entre Poderes, tendrá un papel determinante en guiar estas elecciones. –Más cantadas que una pelea de Don King en Las Vegas –me aseguró un alto, altísimo funcionario.
El desmentido que no desmiente
1.- Yeri Correa, del equipo de prensa de Gerardo Gutiérrez Candiani en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mandó una aclaración sobre la actuación de su jefe.
Nadie lo ha acusado de actos de corrupción.
Se habló de parientes suyos involucrados en acusaciones e investigaciones y hasta se dio la fuente informativa: El Correo de Oaxaca, dirigido por el periodista Carlos Velasco.
Como no desmiente los datos, su carta no merece más eco.
2.- La decisión está tomada: habrá reforma electoral.
Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa, destacó la urgencia de “adecuar continuamente la legislación para fortalecer nuestra democracia”.
Se suma al clamor de otros personajes de la política como el perredista Jesús Ortega y el panista Gustavo Madero, quienes critican las burlas publicitarias de Andrés Manuel López a la ley.
Y 3.- a la gran cantidad de apoyos a damnificados del huracán Patricia se sumará Financiera Nacional de Desarrollo, cuyo director, Juan Carlos Cortés, anunció un programa de asistencia para productores de
Colima, Jalisco y Michoacán.